En vísperas del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, denunció que Morena pretende aprobar en fast track la reforma judicial y tres reformas electorales que —según afirmó— fueron presentadas sin análisis profundo, sin diálogo y sin atender los problemas reales que enfrenta el país en materia de seguridad y procesos electorales.
Durante la emisión de su programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, acompañado por los abogados Julián Proa y Miguel Sulub, así como por el economista Mario Di Costanzo, Moreira sostuvo que no se puede legislar “a prisa” en un contexto de violencia política, asesinatos de candidatos e infiltración del crimen organizado en campañas. Señaló que las iniciativas “no contemplan mecanismos claros para actuar cuando asesinan a un candidato, cuando existen candidaturas únicas o cuando en determinadas regiones sólo participan hombres”, lo que —advirtió— podría limitar la participación política de las mujeres.
El legislador priista también cuestionó que las propuestas no incluyan atlas de riesgo electoral, herramientas para anular comicios infiltrados por el crimen organizado ni sanciones como la pérdida de registro para partidos vinculados con actividades ilícitas. Ante ello, planteó la creación de un órgano verdaderamente independiente que permita investigar la infiltración criminal y atender denuncias de los partidos. “Será una semana intensa”, anticipó, al asegurar que la oposición dará la batalla legislativa “día y noche” para frenar lo que calificó como una “farsa” y un intento de centralizar el poder.
En el análisis jurídico, Julián Proa afirmó que el anuncio de una nueva reforma a la Reforma Judicial confirma la improvisación con la que fue impulsado el proyecto original, al señalar que ni siquiera las autoridades electorales consideran viable su aplicación en los tiempos previstos. Miguel Sulub y Mario Di Costanzo recordaron que el PRI advirtió desde un inicio sobre el caos operativo que podría generarse en 2027 debido al empalme entre la reforma electoral y la judicial. Explicaron que los votantes enfrentarían boletas con alrededor de 850 cargos federales —entre magistraturas electorales, tribunales colegiados y jueces— además de cerca de 3 mil juzgadores locales pendientes de renovación.