La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela alertó ante el Consejo de Derechos Humanos que la estructura estatal que ha permitido violaciones graves de derechos humanos continúa operando sin modificaciones sustantivas, incluso después de la detención del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.
En su actualización, los expertos señalaron que la maquinaria legal e institucional que ha sostenido prácticas de persecución política permanece activa, lo que, a su juicio, impide hablar de una reforma real en materia de derechos humanos. “La extensa maquinaria legal e institucional que ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales permanece intacta”, afirmó la experta María Eloísa Quintero. Añadió que no existe una ruta creíble hacia la transformación mientras ese aparato no sea desmantelado.
Nuevas detenciones y continuidad de patrones represivos
Desde enero, la Misión ha recibido reportes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, lo que, según sus investigadores, confirma que la práctica de silenciar la disidencia persiste bajo las autoridades actuales. El organismo recordó que entre septiembre y diciembre de 2025 documentó 135 detenciones arbitrarias, además de un patrón sostenido de tortura y malos tratos en centros de detención y espacios clandestinos.
Los expertos subrayaron que altos funcionarios previamente señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan en posiciones de poder, tanto en el Ejecutivo como en las fuerzas de seguridad. “No hay indicios de que las autoridades actuales tengan la intención de llevar a estas personas ante la justicia”, sostuvo el investigador Alex Neve.
Críticas a la operación estadounidense y a la falta de transparencia interna
La Misión reiteró que la operación militar de Estados Unidos para detener a Maduro violó el derecho internacional, aun cuando existan motivos razonables para considerar su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. El organismo insistió en que cualquier proceso debe garantizar el debido proceso y la rendición de cuentas conforme a estándares internacionales.
En paralelo, los expertos expresaron preocupación por la falta de transparencia en las recientes liberaciones de personas detenidas por motivos políticos. Aunque reconocieron la excarcelación de varios detenidos, advirtieron que las autoridades no han proporcionado información clara sobre cuántas personas permanecen privadas de la libertad ni sobre los criterios aplicados para su liberación.
Quintero pidió la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos, incluidas aquellas con doble nacionalidad o ciudadanía extranjera. También cuestionó la ley de amnistía aprobada el 20 de febrero, al señalar que fue adoptada sin consulta pública y que carece de mecanismos para garantizar verdad, reparación y rendición de cuentas. Según la Misión, sus limitaciones podrían dejar fuera a un número significativo de personas afectadas por detenciones políticas.
Persistencia de colectivos armados y hostigamiento
El informe también advierte sobre la movilización continuada de colectivos armados y el hostigamiento contra figuras opositoras y periodistas, elementos que, según los investigadores, mantienen vigente un clima de intimidación y control social.
Llamado a la comunidad internacional
La Misión sostuvo que la comunidad internacional debe mantener la atención sobre Venezuela para asegurar que la actual incertidumbre política derive en una reforma institucional real y en el fin de la cultura del miedo. Neve recordó que el organismo es “independiente, técnico y apolítico” y afirmó que una señal clave de avance sería que las autoridades venezolanas permitan el acceso sin restricciones al país.
Creada en 2019 para investigar violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014, la Misión tiene mandato vigente hasta septiembre de 2026.