México enfrenta una transformación territorial impulsada por el cambio climático, que ya no sólo modifica los ecosistemas, sino que comienza a alterar la distribución de la población. Así lo plantea el especialista en gobiernos locales y desarrollo institucional, Rubén Ricaño Escobar, en un análisis publicado por Revista Jurista, donde advierte que el país aún no cuenta con una estrategia integral para anticipar y gestionar el desplazamiento interno provocado por fenómenos climáticos.
El autor sostiene que el cambio climático dejó de ser un escenario futuro para convertirse en una realidad que obliga a miles de personas a abandonar sus hogares por inundaciones, sequías, huracanes, erosión costera y pérdida de medios de subsistencia.
Como evidencia, cita el Primer Diagnóstico Nacional sobre el Desplazamiento Forzado Interno por Cambio Climático y Desastres en México, elaborado por la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional de Población y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el cual documenta un millón 37 mil 910 desplazamientos internos asociados con desastres ocurridos entre 2013 y 2023. De ese total, cerca de tres de cada cuatro fueron provocados por fenómenos hidrometeorológicos y sólo el huracán Otis generó 272 mil 201 desplazamientos en Guerrero.
Ricaño Escobar advierte que las cifras oficiales muestran únicamente una parte del problema, ya que existe otra forma de desplazamiento menos visible, derivada del deterioro gradual del territorio.
Explica que las sequías prolongadas, la pérdida de fertilidad del suelo, la escasez de agua y la erosión costera obligan a las familias a abandonar paulatinamente sus comunidades, movimientos que con frecuencia son registrados únicamente como migración económica, cuando en realidad responden a condiciones ambientales que hicieron inviable permanecer en esos lugares.
El análisis también sostiene que los desastres naturales no explican por sí solos las crisis humanitarias. A juicio del especialista, la falta de planeación urbana, el crecimiento de asentamientos en zonas de riesgo y la ausencia de políticas preventivas incrementan la vulnerabilidad de la población.
«México debe decirlo con claridad: la mala planeación también desplaza», señala el autor al advertir que permitir construcciones en áreas inundables o carecer de instrumentos actualizados de ordenamiento territorial convierte el riesgo natural en un problema institucional.
Como respuesta, propone incorporar un modelo de planeación anticipatoria de la movilidad climática, que permita prever los movimientos de población derivados del cambio climático e integrar esa información en los programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, protección civil, vivienda e infraestructura.
El objetivo, explica, no consiste únicamente en administrar futuros desplazamientos, sino en evitarlos siempre que existan condiciones para ello y preparar respuestas cuando resulten inevitables.
Uno de los planteamientos centrales del documento es el reconocimiento del derecho a permanecer, entendido como la obligación del Estado de garantizar infraestructura, protección ambiental, información y oportunidades suficientes para que las comunidades no abandonen su territorio por falta de políticas públicas.
El autor sostiene que la reubicación debe considerarse únicamente como la última alternativa y que, cuando resulte indispensable, deberá garantizar vivienda, servicios, empleo, educación, salud y reconstrucción del tejido comunitario.
Ricaño Escobar también propone clasificar a los municipios como territorios de permanencia, expulsores o receptores de población climática, con el fin de orientar inversiones y fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales, a los que identifica como la primera línea de respuesta frente a este fenómeno.
El especialista considera que México necesita evolucionar de los actuales atlas de riesgos hacia sistemas permanentes de anticipación territorial que integren información ambiental, urbana, demográfica y social, además de construir un sistema nacional interoperable que permita registrar los desplazamientos internos asociados al cambio climático.
En la parte final del análisis, el autor advierte que el país enfrenta una decisión de largo plazo: continuar reaccionando después de cada desastre o transformar la planeación territorial para anticipar los cambios demográficos que provocará el cambio climático.
«La pregunta ya no es si ocurrirá, sino si permitiremos que suceda mediante desplazamientos caóticos, desarraigo y nuevas desigualdades, o si seremos capaces de construir una política que proteja el derecho de las comunidades a permanecer y que acompañe con dignidad a quienes deban partir», concluye el especialista.