La Secretaría de Economía inició el proceso de consulta pública para la construcción de la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PNDHE), un instrumento que busca establecer un marco de actuación para fortalecer la relación entre el desarrollo económico, la actividad empresarial y la protección de los derechos humanos, con base en estándares internacionales y la participación de los distintos sectores sociales.
El proceso cuenta con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y forma parte de los objetivos del Plan México para incorporar principios de debida diligencia, conducta empresarial responsable, igualdad, inclusión y corresponsabilidad social en las actividades económicas.
La sesión de apertura se realizó en las oficinas de la OIT en la Ciudad de México con la participación de autoridades federales, representantes de organismos internacionales, empresas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y trabajadores, en un formato híbrido que permitió la asistencia presencial y virtual mediante plataformas digitales.
La propuesta de política pública busca articular tres principios centrales establecidos por los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos: el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y el acceso de las personas afectadas a mecanismos efectivos de reparación cuando existan vulneraciones.
Entre los ejes de la iniciativa destacan la incorporación de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos y el fortalecimiento de la conducta empresarial responsable, con el propósito de prevenir, mitigar y atender los impactos que puedan derivarse de la actividad económica.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, la política también pretende consolidar un modelo de crecimiento económico vinculado al bienestar social y a la prosperidad compartida, mediante acciones que fortalezcan la inclusión laboral, la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad social, con especial atención en la reducción de las brechas asociadas a las tareas de cuidados que recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres.
La consulta pública se desarrollará entre el 24 de junio y el 19 de agosto de 2026 mediante cinco sesiones de trabajo. Durante este periodo podrán participar personas trabajadoras, empleadores, empresas, organizaciones sindicales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas, así como cualquier persona interesada en presentar observaciones y propuestas al documento.
Además de las mesas de trabajo, los participantes podrán enviar contribuciones por escrito a la Secretaría de Economía mediante una matriz de comentarios diseñada para integrar las propuestas que serán analizadas durante el proceso de construcción de la política.
La iniciativa se sustenta en diversos instrumentos internacionales, entre ellos las normas de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
El acompañamiento técnico de la OIT y del ACNUDH se realiza mediante el proyecto CERALC —Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe—, desarrollado conjuntamente con la OCDE y financiado por la Unión Europea, con el objetivo de fortalecer en la región el respeto a los derechos humanos dentro de las cadenas de valor empresariales.
Con esta consulta, el Gobierno de México busca construir una política pública mediante un proceso participativo que permita que el crecimiento económico avance de manera paralela al respeto de los derechos humanos, la inclusión y el fortalecimiento de mecanismos de protección para las personas y las comunidades.