Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) afirmó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de sobreseer el amparo promovido contra la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República representa un retroceso para los derechos de las víctimas y una negativa del máximo tribunal a revisar restricciones impuestas desde 2021. La organización sostuvo que la resolución impide que la FGR sea obligada a respetar facultades previamente reconocidas en la legislación de 2018.
MUCD recordó que la reforma impulsada en 2021 por la Fiscalía General eliminó o limitó derechos esenciales para las víctimas, como la posibilidad de coadyuvar en investigaciones, acceder a carpetas, impugnar negativas de atracción de casos, obtener medidas de protección y exigir coordinación interinstitucional en mecanismos nacionales, entre ellos el sistema de búsqueda de personas desaparecidas. La organización señaló que estos derechos son indispensables ante la ineficiencia y falta de diligencia de las fiscalías, así como frente a los riesgos que enfrentan quienes defienden derechos humanos.
Tras cuatro años de litigio, MUCD buscaba que la Corte revisara el rediseño institucional que, a su juicio, redujo garantías previamente reconocidas. Sin embargo, con siete votos a favor y dos en contra, el Pleno determinó que la organización no tiene interés legítimo para impugnar la ley, al considerar que los artículos cuestionados se refieren a atribuciones internas de la FGR y no generan derechos exigibles. MUCD sostuvo que esta interpretación omite que lo impugnado fue la eliminación de derechos ya existentes.
La organización advirtió que la resolución confirma una tendencia del tribunal a evitar el análisis de fondo de normas que afectan seguridad y justicia mediante criterios restrictivos sobre el interés legítimo, lo que limita el acceso a la justicia constitucional de organizaciones civiles y deja sin control reformas que impactan a poblaciones vulnerables.
Solo dos ministros votaron en contra del sobreseimiento. Yasmín Esquivel Mossa señaló que la Corte no debía pronunciarse sobre la procedencia del juicio, pues ya había sido resuelta por un tribunal colegiado. Giovanni Figueroa Mejía defendió la necesidad de reconocer un interés legítimo amplio a asociaciones civiles.
MUCD rechazó la decisión al considerar que deja sin protección a víctimas del delito y cierra espacios de exigencia en un contexto de impunidad. La organización afirmó que la Corte optó por privilegiar aspectos formales sobre la revisión de derechos y que su resolución ignora la realidad de un país marcado por desapariciones, violencia y fallas estructurales en el sistema de justicia.
La agrupación sostuvo que la lucha continuará, aunque reconoció que el fallo marca un momento crítico para el rumbo institucional en materia de derechos y acceso a la justicia.