Dos ciudadanos mexicanos se declararon culpables ante autoridades de Estados Unidos de cargos relacionados con tráfico de personas, narcotráfico y tráfico de armas, además de que uno de ellos admitió haber conspirado para proporcionar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado por el gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera.
María Del Rosario Navarro-Sánchez, de 40 años, y Gustavo Castro-Medina, de 29, fueron acusados formalmente en abril de 2025. Posteriormente, ambos fueron transferidos de México a Estados Unidos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional mexicana, de acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia estadounidense.
Navarro-Sánchez se declaró culpable de cuatro cargos: posesión de metanfetamina con intención de distribuirla, conspiración para traficar armas de fuego, conspiración para introducir extranjeros ilegalmente a Estados Unidos y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.
Castro-Medina, por su parte, admitió su responsabilidad por posesión de metanfetamina con intención de distribuirla y conspiración para traficar armas de fuego. Ambos enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Las fechas de sentencia aún no han sido fijadas.
El caso tiene como uno de sus principales elementos una operación para adquirir 20 fusiles tipo AK-47 y dos rifles calibre .50, armas que, de acuerdo con los documentos judiciales, serían enviadas ilegalmente desde Estados Unidos hacia México para ser entregadas a integrantes del CJNG.
A principios de agosto de 2023, Navarro-Sánchez negoció la compra del armamento con agentes encubiertos. Las armas serían utilizadas para facilitar el traslado de metanfetamina y otros narcóticos desde México hacia Estados Unidos. Castro-Medina reconoció que el armamento tenía como destino la exportación ilegal a México.
Castro-Medina actuó como intermediario en una transferencia bancaria de 3 mil dólares para cubrir parte del pago de las armas, cuyo precio total ascendía a 66 mil dólares. El 21 de agosto de 2023, dos cómplices llegaron a un punto de encuentro en El Paso, Texas, con 63 mil dólares en efectivo para completar la operación.
Después del intercambio, los agentes encubiertos entregaron las armas y los cómplices fueron detenidos por elementos que esperaban en el lugar.
El expediente también vincula a Castro-Medina con un cargamento de metanfetamina detectado en noviembre de 2020. La Patrulla Fronteriza lo había detenido mientras conducía un Nissan Sentra en Sierra Blanca, Texas. Durante una inspección secundaria fueron localizados varios paquetes ocultos bajo una trampilla no original del vehículo.
El análisis de los paquetes determinó que contenían metanfetamina cristalina, con un peso total de 36.36 kilogramos.
De acuerdo con los documentos judiciales, Navarro-Sánchez también admitió haber contratado a traficantes de personas para introducir ilegalmente a individuos provenientes de México a Estados Unidos. Al menos una de esas personas administraba algunos de sus escondites en El Paso, donde se almacenaban armas y narcóticos.
El agente especial a cargo de la División de El Paso de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Robert «Eric» Castañeda, sostuvo que las declaraciones de culpabilidad forman parte de las investigaciones contra integrantes y colaboradores del CJNG.
«Los cargos ahora tienen mayor peso bajo la designación del CJNG como organización terrorista extranjera», afirmó Castañeda, quien agregó que quienes busquen obtener ganancias vinculadas con la muerte de estadounidenses serán llevados ante la justicia.
El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, señaló que los acusados introdujeron metanfetamina y personas a Estados Unidos y posteriormente intentaron obtener mayores ganancias mediante la exportación de armas a México.
«La conducta de los acusados amenazó directamente la seguridad nacional de Estados Unidos y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses», declaró.
El fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, afirmó que el caso de Navarro-Sánchez por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera forma parte de una estrategia dirigida a afectar las finanzas de estas organizaciones.
La investigación estuvo a cargo de la DEA, el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con apoyo de la Patrulla Fronteriza estadounidense y de autoridades mexicanas, incluida la Fiscalía General de la República.
El procesamiento fue respaldado por el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), iniciativa del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos enfocada en investigar y procesar casos de tráfico y trata de personas vinculados con cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
El Departamento de Justicia también ubicó el caso dentro de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, creado mediante la Orden Ejecutiva 14159 y destinado a investigar y procesar actividades de cárteles, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas.