Un trabajo periodístico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), elaborado por la periodista Érika Flores, documenta las consecuencias que enfrentan cientos de jueces y magistrados federales despedidos tras la reforma judicial. El reportaje expone retrasos, omisiones y discrecionalidad en el pago de liquidaciones, así como afectaciones laborales, económicas y emocionales que han llevado a más de 500 ex juzgadores a presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue admitida a trámite a finales de enero de 2026.
El reportaje de MCCI detalla que 711 juzgadores —jueces de distrito y magistrados de circuito— fueron cesados en 2025 al no participar en la elección popular prevista por la reforma judicial. A ellos se sumaron 139 cargos vacantes por jubilación anticipada, para un total de 850 plazas. Aunque la Constitución estableció que recibirían su liquidación en septiembre de 2025, los pagos se retrasaron por meses:
- Cerca de 500 ex juzgadores recibieron su liquidación hasta el 27 de noviembre.
- Otros 100, el 30 de diciembre.
- 122 continúan sin recibir pago alguno.
El retraso se agravó cuando confirmaron que no fueron incluidos en el Presupuesto de Egresos 2026 enviado por el Ejecutivo federal, lo que derivó en protestas, bloqueos y gestiones ante el Órgano de Administración Judicial.
El trabajo de MCCI recoge testimonios que ilustran el impacto humano de la reforma.
La ex jueza Marhéc Delgado, despedida tras cuatro años de servicio, relata que su nombramiento era por seis años y que la pérdida del cargo la dejó sin ingresos, con deudas y en un estado emocional crítico.
La ex jueza Marlen Ángeles, con más de 20 años de carrera, tampoco alcanzó los requisitos para una pensión y enfrenta un futuro incierto.
La magistrada en retiro Julia García, con 32 años de trayectoria, describe la reforma como un quiebre abrupto de la estabilidad judicial y señala que la inamovilidad judicial fue eliminada sin procesos adecuados.
El reportaje de Érika Flores subraya que la mayoría de los juzgadores despedidos pertenecían a generaciones formadas bajo el sistema de carrera judicial instaurado tras la reforma de 1994. Datos citados del estudio de la académica Azul Aguilar muestran que:
- 86% llegó a su cargo por méritos propios.
- 81.7% estudió en universidades públicas.
- La mayoría cuenta con posgrados y décadas de experiencia.
La reforma judicial, señala MCCI, no solo interrumpió carreras consolidadas, sino que también impuso restricciones adicionales: los ex juzgadores no pueden litigar durante dos años en las entidades donde ejercieron, lo que limita sus opciones laborales.
El reportaje documenta que los ex juzgadores realizaron bloqueos en avenidas principales de la Ciudad de México para exigir el pago de sus liquidaciones. En uno de estos eventos, la policía capitalina los replegó para liberar la vialidad.
Además, varios ex juzgadores reportan diagnósticos de burnout, ansiedad y estrés postraumático derivados de la incertidumbre económica y la pérdida abrupta de su carrera.
Ante la falta de respuestas y el incumplimiento de pagos, al menos 500 ex juzgadores presentaron una denuncia ante la CIDH y la ONU por presuntas violaciones a sus derechos humanos.
La CIDH admitió la queja a trámite y otorgó al Gobierno de México un plazo de tres meses, prorrogable a cuatro, para responder.
MCCI advierte que este proceso será un antecedente para los 849 juzgadores que continúan en funciones con menor sueldo y que serán despedidos en 2027, cuando se realice la segunda elección judicial.
El reportaje de Érika Flores para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad concluye que la reforma judicial dejó a cientos de juzgadores en un limbo laboral y económico, sin garantías de estabilidad, sin mecanismos claros de transición y con un proceso de liquidación marcado por retrasos y discrecionalidad.
La admisión del caso por la CIDH abre una vía internacional para revisar posibles violaciones a derechos humanos en un proceso que, según MCCI, ha dejado profundas afectaciones personales, profesionales e institucionales.