En la agenda legislativa, el enfoque preventivo en materia de salud escolar comenzó a tomar forma con la iniciativa presentada por las diputadas de Movimiento Ciudadano, Claudia Gabriela Salas Rodríguez y Amancay González Franco, quienes plantean reformar la Ley General de Educación para incorporar de manera obligatoria la capacitación en resucitación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios en los espacios escolares.
La propuesta, turnada a la Comisión de Educación, busca adicionar un artículo 75 Ter para establecer que el Estado impulse acciones específicas que permitan a las autoridades educativas contar con herramientas efectivas para la prevención y atención de la salud de las y los estudiantes. En este marco, se plantea que, ante emergencias médicas, el personal escolar deba estar capacitado y certificado en primeros auxilios y maniobras de RCP.
El proyecto legislativo también contempla modificar el artículo 96 para integrar, en los planes y programas de formación docente, contenidos obligatorios sobre atención de emergencias y resucitación cardiorrespiratoria, con el objetivo de que la preparación no sea reactiva, sino estructural desde la formación profesional de quienes estarán al frente de las aulas.
En la exposición de motivos, las legisladoras sostienen que el entorno escolar no solo es un espacio de aprendizaje, sino un ámbito donde el Estado tiene responsabilidad directa en la protección de la vida, la salud y la integridad de niñas, niños y adolescentes. Bajo esta premisa, advierten que el derecho a la educación debe ejercerse en condiciones de seguridad que permitan responder de manera inmediata a cualquier contingencia médica.
El diagnóstico que acompaña la iniciativa apunta a una brecha crítica: la mayoría del personal escolar carece de capacitación para actuar ante eventos de alta gravedad, como el paro cardiorrespiratorio, lo que reduce de forma significativa las probabilidades de supervivencia antes de la llegada de servicios de emergencia. Frente a ello, subrayan que la evidencia médica demuestra que la aplicación oportuna de maniobras de RCP puede ser determinante entre la vida y la muerte, particularmente en población infantil donde estos eventos suelen estar asociados a causas respiratorias o circulatorias.
La iniciativa propone, en consecuencia, establecer obligaciones claras para que las autoridades educativas garanticen la capacitación y certificación del personal, consolidando un modelo de atención inmediata basado en protocolos, coordinación institucional y conocimiento técnico.
En términos normativos, el planteamiento se alinea con el principio del interés superior de la niñez y con los lineamientos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al colocar en el centro la protección de la vida y el bienestar de la comunidad estudiantil.
Con esta propuesta, Movimiento Ciudadano busca reconfigurar el papel de la escuela dentro del sistema educativo, transitando de un esquema centrado exclusivamente en la enseñanza hacia un modelo que incorpore capacidades de respuesta ante emergencias, en un contexto donde la prevención y la atención inmediata se perfilan como ejes de la política pública en materia de salud escolar.