La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra ante una decisión que, de acuerdo con Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, puede establecer un precedente para Michoacán y para el país en materia de candidaturas ciudadanas.
El dirigente señaló que en las próximas horas el máximo tribunal resolverá una acción de inconstitucionalidad promovida por su partido contra la reforma electoral aprobada en Michoacán, al considerar que restringe el acceso de ciudadanos sin partido a los cargos de elección popular.
Álvarez Máynez sostuvo que la modificación fue impulsada por “los partidos de siempre, encabezados por Morena”, a los que responsabilizó de “limitar, restringir y cercar” las candidaturas ciudadanas.
El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano vinculó la reforma con el escenario político generado tras el asesinato de Carlos Manzo, quien fue presidente municipal de Uruapan y llegó al cargo como candidato independiente. Según Máynez, la respuesta de la clase política estatal después del crimen fue establecer mayores obstáculos para quienes busquen competir sin el respaldo de un partido.
“Carlos Manzo derrotó a la partidocracia en Uruapan y lejos de honrar ese legado, lo que hizo el Congreso del Estado de Michoacán es hacer inaccesibles, hacer enteramente adversas las figuras de las candidaturas ciudadanas”, afirmó.
El dirigente sostuvo que las nuevas condiciones buscan impedir que una candidatura como la que encabezó Manzo pueda repetirse en las elecciones de 2027. Aseguró que la reforma fue aprobada “a espaldas de los ciudadanos” y mediante acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso local.
Ante ese escenario, Movimiento Ciudadano decidió acudir a la Suprema Corte para impugnar las disposiciones y solicitar que sean revisadas a partir de los criterios establecidos en materia de derechos humanos, tanto en México como en instancias internacionales.
Máynez argumentó que el derecho a ser votado no puede quedar condicionado a la militancia partidista y sostuvo que las candidaturas independientes forman parte de los derechos políticos que deben ser garantizados por el Estado.
“Defender las candidaturas ciudadanas es defender un derecho humano”, afirmó, al citar también precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El dirigente pidió a los ministros considerar la protección de los derechos humanos al resolver la acción de inconstitucionalidad y sostuvo que la Constitución y los precedentes internacionales establecen obligaciones en materia de participación política.
“El ser votado es un derecho humano fundamental que debe de ser garantizado más allá de la militancia partidista de cualquier ciudadana o ciudadano”, señaló.
En su posicionamiento, Álvarez Máynez expresó además su respaldo al denominado movimiento del sombrero y a los ciudadanos de Michoacán que buscan participar en procesos electorales sin pertenecer a una organización partidista.
La resolución de la Suprema Corte definirá, en este contexto, la validez de las restricciones cuestionadas por Movimiento Ciudadano y podría establecer los criterios bajo los cuales los ciudadanos sin partido podrán competir por cargos de elección popular en Michoacán rumbo al proceso electoral de 2027.
“Que se respeten las candidaturas ciudadanas, que se respeten los derechos humanos de las michoacanas y de los michoacanos”, concluyó Máynez.