La afirmación de que durante la gestión de Carlos Torres Piña al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán “no pasó nada” enfrenta los indicadores reportados por la propia institución y otras mediciones públicas. Los datos muestran cambios en la capacidad de investigación, los mecanismos para presentar denuncias, el índice de impunidad y la percepción de inseguridad en algunas de las principales ciudades del estado.
Entre julio de 2024 y mayo de 2025, la Fiscalía reportó el cumplimiento de 212 mandamientos judiciales sin detenido previo. En el periodo comprendido entre julio de 2025 y mayo de 2026, la cifra aumentó a 477, un incremento cercano a 125 por ciento.
El dato tiene relevancia porque el cumplimiento de un mandamiento judicial supone una cadena de actuaciones que comienza con una investigación, continúa con la integración de una carpeta y requiere la autorización de un juez antes de localizar y detener al probable responsable. Por ello, el aumento constituye un indicador de la actividad de investigación y ejecución de órdenes judiciales.
Otro cambio se registró en los mecanismos para presentar denuncias. En marzo de 2026, la Fiscalía informó que la plataforma Denuncia en Línea 2.0 concentraba alrededor de 30 por ciento de las denuncias recibidas por la institución. El dato no permite concluir que la cifra negra haya desaparecido, pero sí muestra un mayor uso de mecanismos digitales para acceder al Ministerio Público sin acudir físicamente a una agencia.
La Fiscalía vinculó este proceso con la reducción de barreras para denunciar y con una estrategia de colaboración con municipios, organizaciones empresariales y sociedad civil. En este punto, el aumento de denuncias requiere una lectura distinta a la que suele plantearse en redes sociales: más denuncias no necesariamente significan más delitos. También pueden reflejar una mayor disposición de las víctimas para acudir ante la autoridad.
La percepción de inseguridad aporta otro elemento para evaluar el periodo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, en Morelia el porcentaje de población que manifestó sentirse insegura pasó de 79.2 por ciento en marzo de 2025 a 66.1 por ciento en marzo de 2026.
En Lázaro Cárdenas, el indicador pasó de 40.3 a 34.9 por ciento, mientras que en Uruapan disminuyó de 88.7 a 86.7 por ciento. Para el segundo trimestre de 2026, el gobierno estatal reportó nuevas variaciones favorables en los indicadores de Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas.
Estos resultados no pueden atribuirse exclusivamente a la Fiscalía ni a Torres Piña. La percepción de inseguridad está relacionada con factores como homicidios, robos, extorsiones, presencia policial, experiencias personales y cobertura informativa. Sin embargo, las mediciones del INEGI sí muestran que la percepción descendió durante ese periodo en varias ciudades de Michoacán.
El Plan Michoacán también plantea la necesidad de observar la actuación de la Fiscalía dentro de una estrategia interinstitucional. La coordinación entre el Gobierno de México, el gobierno estatal, las fuerzas federales y las instituciones de procuración de justicia requiere que la Fiscalía reciba información, desarrolle investigaciones y presente los casos ante los jueces.
Durante la gestión de Torres Piña se reportaron una reestructuración institucional, movimientos de personal, fortalecimiento de áreas de investigación y nuevas capacidades tecnológicas. En ese contexto, la Fiscalía informó que 85 carpetas relacionadas con delitos de alto impacto derivaron en 154 personas detenidas, además de acciones contra estructuras vinculadas con la extorsión.
El punto central no es únicamente cuántas personas fueron detenidas, sino qué ocurrió con las investigaciones después de los operativos. Una Fiscalía cumple su función cuando los actos de investigación permiten integrar expedientes que puedan ser presentados y sostenidos ante la autoridad judicial.
El indicador que plantea una diferencia más directa frente a la idea de inmovilidad es el índice de impunidad. En junio de 2026, la Fiscalía reportó una tasa de 67.68 por ciento, frente a una media nacional de 89.42 por ciento.
La cifra estatal sigue representando un nivel elevado de impunidad y no permite sostener que el problema esté resuelto. Pero la diferencia de más de 20 puntos porcentuales respecto de la referencia nacional constituye un dato que debe incorporarse al análisis de la gestión.
En una Fiscalía, el objetivo no es sustituir las funciones de seguridad pública ni realizar labores de patrullaje. Su responsabilidad central es investigar delitos, ejercer la acción penal y buscar que los hechos denunciados tengan consecuencias jurídicas. Por ello, los mandamientos judiciales cumplimentados, las investigaciones de alto impacto, el comportamiento del índice de impunidad y la reparación del daño forman parte de los indicadores que permiten evaluar su desempeño.
Los datos, sin embargo, tampoco permiten construir una conclusión de éxito absoluto. Persisten la cifra negra, investigaciones complejas, delitos con altos niveles de impunidad y víctimas que continúan esperando justicia. Presentar cualquier avance como la solución de los problemas de la Fiscalía sería tan impreciso como afirmar que durante la administración no hubo cambios.
El debate está en otro punto. Quienes sostienen que la Fiscalía permaneció igual tendrían que explicar cómo encaja esa afirmación con el incremento de 212 a 477 mandamientos judiciales cumplimentados, la expansión de los mecanismos digitales de denuncia, el índice de impunidad reportado y la disminución de la percepción de inseguridad en varias ciudades.
Los números no determinan por sí mismos una conclusión política sobre Carlos Torres Piña, pero sí establecen un punto de partida para evaluar su gestión. La evidencia disponible muestra modificaciones en la operación de la Fiscalía y en algunos de sus indicadores de desempeño.
Por ello, reducir ese periodo a la frase de que “no se hizo nada” deja fuera elementos verificables de la discusión. La gestión puede ser cuestionada, sus resultados pueden ser sometidos a escrutinio y los pendientes deben permanecer bajo evaluación. Lo que los datos dificultan es sostener que no hubo cambios institucionales.