Con el objetivo de endurecer las sanciones contra las denominadas plazas fantasma en la administración pública, el diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, a fin de castigar con prisión e inhabilitación de entre 10 y 20 años tanto a quienes cobran un salario sin desempeñar sus funciones como a los servidores públicos que autoricen, validen o encubran estos esquemas.
La propuesta busca ampliar la responsabilidad legal más allá del llamado «aviador» e incorporar sanciones para funcionarios de las áreas de Recursos Humanos, Administración o superiores jerárquicos que permitan la permanencia de personas en la nómina sin que exista un trabajo efectivo.
Al presentar la iniciativa, el legislador sostuvo que este tipo de prácticas representa una forma de desvío de recursos públicos que durante años ha afectado el funcionamiento de las instituciones.
«En México también se roba cuando alguien cobra sin trabajar. Y también cuando un funcionario lo autoriza, lo encubre o decide hacerse de la vista gorda», afirmó.
Zamora Gastélum explicó que la reforma pretende romper la cadena de responsabilidades que facilita el pago de salarios a personas que no desempeñan las funciones para las cuales fueron contratadas.
«Cada peso que recibe un aviador es un peso que deja de llegar a hospitales, medicinas, escuelas, seguridad y servicios públicos. Ese dinero pertenece a los ciudadanos, no a quienes viven del presupuesto sin trabajar», expresó.
El proyecto establece que tanto el cobro de remuneraciones sin ejercer efectivamente el cargo como la autorización, validación o permanencia de esos pagos serán equiparados al desvío de recursos públicos y al delito de remuneración ilícita.
Además de las sanciones penales correspondientes, la iniciativa propone fijar una inhabilitación obligatoria para ocupar cargos públicos o participar en procedimientos de contratación gubernamental por un periodo mínimo de 10 años y hasta un máximo de 20 años, dependiendo del monto del daño patrimonial ocasionado.
El diputado señaló que la reforma busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y garantizar que el ejercicio del presupuesto se realice conforme a los principios constitucionales de eficiencia, legalidad y honradez.
Durante la presentación del proyecto, insistió en que la responsabilidad debe alcanzar tanto a quienes reciben recursos públicos de manera indebida como a quienes permiten que esos pagos continúen dentro de las estructuras administrativas.
«No importa la adscripción de la plaza. Si alguien cobra sin trabajar, está afectando el dinero de los mexicanos. Y quien lo autorice, lo encubra o lo mantenga en la nómina también responderá ante la ley. Se acabó la impunidad para los aviadores», concluyó.
La iniciativa será turnada para su análisis en comisiones, donde los grupos parlamentarios discutirán el alcance de las modificaciones propuestas al marco legal en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción en el servicio público.