La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que la ausencia del senador Enrique Inzunza en la sesión de la Comisión Permanente confirma la necesidad de que los funcionarios señalados enfrenten públicamente las acusaciones en su contra. Señaló que “siempre será bueno darle la cara al pueblo de México” y sostuvo que el Parlamento debe garantizar espacios para que cada legislador fije postura ante temas de interés nacional.
Durante un encuentro con medios en el Senado, López Rabadán informó que la Permanente aprobó ampliar a 15 minutos la bolsa de intervenciones para los grupos parlamentarios en la agenda política, con el fin de “abrir el micrófono” y permitir que cada fuerza explique a la ciudadanía su posición frente a los acontecimientos recientes.
La diputada consideró indispensable transparentar los señalamientos difundidos por NMAS, que involucran al senador Inzunza y al gobernador con licencia Rubén Rocha en presuntos acuerdos con integrantes del cártel de Sinaloa. Afirmó que, si se comprueban los hechos, “el corrupto debe ir a la cárcel”, sin importar el cargo o filiación política. Subrayó que ninguna autoridad puede aprovechar su posición para obtener privilegios o establecer vínculos con organizaciones criminales.
López Rabadán advirtió que cada autoridad —gobiernos, fiscalías y jueces— será responsable de sus decisiones ante un caso que, dijo, exige un mensaje claro de legalidad. Recordó que el propio gobierno federal impulsó la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa y cuestionó que en algunos casos se exijan pruebas mientras en otros se aplica la medida sin reservas.
Sobre la posibilidad de desaparición de poderes en Sinaloa, indicó que el tema deberá ser discutido por los grupos parlamentarios, aunque evitó fijar postura debido a su responsabilidad institucional como presidenta de la Cámara de Diputados.
La legisladora también rechazó la comparación que desde la Presidencia se ha hecho entre el caso Sinaloa y la situación en Chihuahua, al señalar que “ofende a la inteligencia de los mexicanos” equiparar a una gobernadora que desmanteló un narcolaboratorio con funcionarios señalados por presuntos nexos con el narcotráfico.
Respecto a una eventual fuga de los implicados, López Rabadán sostuvo que México cuenta con instituciones para hacer valer la ley y cumplir tratados internacionales. Añadió que el país debe decidir si opta por “legalidad o acompañamiento de la delincuencia y del crimen organizado”.
En otros temas, explicó que su ausencia en la ceremonia de la Batalla de Puebla fue una decisión personal, al acudir como dirigente panista al arranque de campaña en Coahuila. También consideró que la nueva presidenta del partido en el poder, Ariadna Montiel, está obligada a deslindar su labor partidista del manejo de programas sociales, al recordar que estos recursos “son de los mexicanos, pagados por los mexicanos”.
López Rabadán concluyó que México atraviesa un momento que demanda congruencia institucional y un compromiso inequívoco con la ley, al advertir que cualquier ruta distinta representaría “un error histórico”.