En la antesala de la sesión de la Comisión Permanente, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, fijó una postura directa frente a las acusaciones que involucran a políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Desde el Senado, la legisladora sostuvo que el país enfrenta un momento definitorio para sus instituciones: “o legalidad o acompañamiento a la delincuencia y al crimen organizado. Así de elemental es el reto en este momento”.
La diputada fue cuestionada sobre la ausencia del senador Enrique Inzunza, también señalado en la acusación. López Rabadán afirmó que siempre será necesario “darle la cara al pueblo de México” y responder a las inquietudes de la ciudadanía a través de los legisladores. Subrayó que quienes ocupan un cargo público están obligados a enviar un mensaje de legalidad y honorabilidad.
En ese sentido, insistió en que el Gobierno no debe proteger a nadie. “No deberíamos solapar a nadie, no importa quién sea. Y esto no tiene que ver con derechas o izquierdas, esto tiene que ver con que el corrupto debe ir a la cárcel”, enfatizó. Añadió que cada autoridad involucrada en el proceso —fiscalías, jueces y entidades federativas— será responsable de sus decisiones y deberá actuar conforme a la Constitución y los tratados internacionales.
López Rabadán sostuvo que México necesita demostrar que es un socio confiable para Estados Unidos y Canadá, y que ello implica actuar con rigor institucional. “Hoy México necesita dar un ejemplo de legalidad, de respeto a la Constitución, de respeto a los tratados internacionales”, afirmó.
Al ser consultada sobre el desmantelamiento de un mega narcolaboratorio en Chihuahua, la legisladora rechazó que este caso pueda compararse con la situación en Sinaloa. “No puedes comparar a una gobernadora que desmanteló un mega narcolaboratorio con 10 personas que están siendo acusadas por el Departamento de Estados Unidos. Compararlos es ofensivo a la inteligencia”, señaló. Agregó que las autoridades, en todos los niveles, deben enfocarse en combatir estructuras criminales y no en aparecer en listas de posibles nexos con el narcotráfico.
La presidenta de la Mesa Directiva concluyó que el país enfrenta un desafío institucional que exige claridad, responsabilidad y decisiones firmes. “Cada gobierno y cada fiscalía será responsable de sus acciones; espero que estemos a la altura de las circunstancias”, afirmó.