La propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, sometida a consulta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), contiene cinco problemas legales que podrían afectar la libertad de expresión y generar mecanismos de control sobre los contenidos de radio y televisión, advierte una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El trabajo periodístico de Leonardo Núñez, Rafael Castellanos y Ricardo Alvarado señala que 82.2% de los 8 mil 889 comentarios recibidos durante la consulta pública se pronunció en contra de la propuesta. El análisis de MCCI identificó 14 familias de argumentos y encontró que la preocupación más frecuente fue que los lineamientos podrían utilizarse para censurar contenidos.
La investigación de MCCI contra la corrupción y la impunidad sostiene que los principales cuestionamientos de quienes participaron en la consulta coinciden con los cinco problemas legales detectados en el proyecto.
Entre los puntos señalados está la obligación para los concesionarios de adoptar medidas para no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual. De acuerdo con el análisis, esta disposición puede resultar incompatible con el ejercicio periodístico porque ningún medio puede garantizar que toda información difundida sea absoluta e incontrovertiblemente cierta.
El documento distingue entre información verdadera y el estándar de veracidad, que exige sustento fáctico, posibilidad de verificación y diligencia periodística. Según MCCI, permitir que una autoridad administrativa determine cuál es la versión “verdadera” de hechos que aún están bajo investigación o forman parte del debate público genera un problema para la libertad de expresión.
Este punto concentró 24.6% de los comentarios de la consulta. La principal preocupación fue que, para determinar si una información es falsa, una autoridad tendría que decidir qué debe considerarse verdadero.
Defensorías podrían ordenar modificar contenidos
El segundo problema identificado está en las facultades otorgadas a las Defensorías de Audiencias. El proyecto contempla que, cuando determinen que se vulneró un derecho de las audiencias, puedan emitir una recomendación obligatoria para que una concesionaria rectifique o modifique un contenido ya publicado.
MCCI advierte que esta facultad “tiene un alto riesgo de censura”, debido a que la Defensoría no debería contar con atribuciones para ordenar la modificación de contenido periodístico que ya fue difundido.
La investigación sostiene que corregir un dato, aclarar información o garantizar el derecho de réplica son mecanismos distintos a otorgar a una autoridad la capacidad de ordenar cambios en una pieza periodística.
Alrededor de 34% de los comentarios recibidos durante la consulta cuestionó las facultades otorgadas a las Defensorías y a la CRT, al considerar que pueden resultar paternalistas frente a una audiencia capaz de valorar por sí misma los contenidos publicados.
CRT podría convertirse en “tribunal de la verdad”
El tercer punto corresponde a la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones revise las determinaciones de las Defensorías de Audiencias.
El proyecto establece que la CRT podría confirmar, modificar o revocar esas determinaciones. Para MCCI, el procedimiento carece de garantías suficientes de legalidad y debido proceso y podría convertir a la Comisión en una especie de “tribunal de la verdad”.
La investigación advierte además que la reforma constitucional que creó la Comisión impidió que los jueces de amparo suspendieran provisionalmente sus resoluciones durante la tramitación de un juicio.
La preocupación aparece con mayor fuerza en la consulta: 66% de las publicaciones cuestionó que una Defensoría pueda modificar un contenido y que posteriormente la Comisión tenga facultades para confirmar, modificar o revocar esa decisión.
Uno de los participantes resumió esa inquietud con una frase citada en el análisis: “Sólo veo una clara intención de creación de una herramienta de censura”.
Facultades de supervisión sin límites claros
El cuarto problema está relacionado con las atribuciones de supervisión de la CRT. El artículo 53 del proyecto establece que la Comisión podrá realizar monitoreos, requerimientos o “cualquier actuación necesaria” para verificar el cumplimiento de los derechos de las audiencias y de los propios lineamientos.
Para MCCI, esa redacción no delimita con precisión qué puede investigar la autoridad ni hasta dónde pueden llegar sus requerimientos.
El riesgo señalado aumenta debido a la naturaleza institucional de la CRT. A diferencia del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión es un órgano desconcentrado subordinado administrativamente a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
La investigación plantea que la CRT podría asumir simultáneamente funciones regulatorias, de supervisión, revisión y sanción. En ese escenario, advierte MCCI, un mismo poder político podría terminar calificando las críticas dirigidas hacia él.
Esta preocupación aparece en 14.8% de los comentarios analizados.
Sanciones económicas sin respaldo suficiente en la ley
El quinto problema se refiere al régimen de sanciones. El artículo 54 de los lineamientos establece multas de entre 0.01% y 1% de los ingresos acumulables de una concesionaria por infracciones a sus disposiciones.
Sin embargo, MCCI señala que la referencia legal utilizada en el proyecto es imprecisa. El análisis sostiene que las sanciones específicas en materia de derechos de las audiencias se encuentran en la fracción II del artículo 295 de la ley y se limitan a tres supuestos: no poner a disposición mecanismos de defensa, no nombrar al defensor de las audiencias y no emitir códigos de ética.
El problema, según la investigación, es que una disposición administrativa no puede ampliar el catálogo de conductas sancionables establecido por una ley.
A partir de la combinación de conceptos abiertos, facultades amplias de supervisión, posibilidad de modificar contenidos y sanciones económicas, MCCI identifica un posible efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.
El análisis advierte que el resultado podría no ser únicamente la apertura de procedimientos contra medios o periodistas, sino que estos dejen de publicar determinada información por temor a una sanción. “Basta con crear un sistema suficientemente incierto y riesgoso para que los medios comiencen a autocensurarse”, plantea el documento.
Una consulta que contrasta con la encuesta presentada por Sheinbaum
La investigación también contrasta los resultados de la consulta pública con una encuesta difundida el 13 de agosto por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su conferencia matutina, la mandataria presentó un ejercicio en el que 79% de las personas respondió afirmativamente a la pregunta sobre si el gobierno debería sancionar a medios que busquen engañar a las audiencias con información falsa.
El análisis de MCCI encontró un resultado distinto entre quienes participaron directamente en la consulta de la CRT: 82.2% se pronunció en contra de los lineamientos.
La consulta recibió opiniones de organizaciones de la sociedad civil, académicos, colegios profesionales, empresas concesionarias, representantes de la industria, medios de comunicación, funcionarios públicos y ciudadanos.
El contexto político de los lineamientos
El proyecto fue presentado después de una reconfiguración institucional del sector. En diciembre de 2024 se promulgó una reforma constitucional que extinguió al IFT y otros organismos autónomos. En julio de 2025 se promulgó una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y, en octubre de ese año, el Senado ratificó a los integrantes del pleno de la CRT propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La investigación ubica la propuesta en un contexto de confrontación entre el gobierno y medios, periodistas y personas que difunden información crítica.
MCCI menciona que semanas antes la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, enlistó a medios y periodistas que publican información crítica del gobierno y señaló que esa información sería utilizada por un presunto ecosistema digital de amplificación artificial para atacar al gobierno y a Morena.
También refiere el caso de un juez que ordenó en Campeche que el medio Tribuna de Campeche tuviera supervisión de sus contenidos antes de publicarlos, después de que realizara críticas a la gobernadora Layda Sansores.
El análisis advierte que las nuevas reglas se plantean en un momento en que existen preocupaciones sobre el uso de medidas discursivas, normativas y judiciales frente a quienes señalan irregularidades del gobierno.
“Lo que no podemos permitir es que la verdad tome partido”
MCCI sostiene que la protección de las audiencias no debe confundirse con la facultad de una autoridad para decidir qué información puede difundirse o qué contenidos deben modificarse.
La investigación plantea que los medios deben contar con mecanismos para corregir información, aclarar datos y atender derechos de réplica, pero establece una diferencia entre exigir responsabilidad periodística y otorgar a una autoridad administrativa facultades para intervenir en contenidos publicados.
El documento concluye con una advertencia sobre el alcance de la regulación: “Lo que no podemos permitir es que la verdad tome partido”.
La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) forma parte de su trabajo contra la corrupción y la impunidad y fue realizada periodísticamente por Leonardo Núñez, Rafael Castellanos y Ricardo Alvarado. El texto también fue publicado como parte de una alianza con la revista Nexos.