La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, sostuvo que la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, representa una muestra de la aplicación de la ley y envía un mensaje de que no habrá impunidad en los casos de violencia contra las mujeres.
En entrevista con representantes de los medios de comunicación, la legisladora señaló que el proceso deberá desarrollarse conforme al marco jurídico y corresponderá a las autoridades competentes determinar la situación legal del exfuncionario.
«Como sabemos hoy está en el estado de Morelos, por lo que serán las autoridades estatales quienes lleven el caso», indicó.
Castillo Juárez subrayó que toda persona que incurra en la comisión de un delito debe enfrentar las consecuencias legales, sin importar el cargo que haya ocupado.
«Cualquier persona que cometa un delito y en este caso acciones violentas, tiene que ser sancionado conforme a la ley; hemos luchado durante mucho tiempo para que la ley se transforme y tenga esa perspectiva de género y que se juzgue bajo esa óptica», expresó.
Durante la entrevista, la presidenta de la Cámara Alta contextualizó el problema de la violencia de género al recordar que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), siete de cada diez mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
En ese contexto, hizo un llamado a utilizar los mecanismos institucionales de denuncia disponibles para las víctimas de violencia contra las mujeres y recordó que el servicio telefónico 079, opción 1, opera de manera permanente, las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Las declaraciones de la senadora se producen en un momento en que el caso del exdirector de Pemex ha colocado nuevamente en el debate público la aplicación de la justicia en delitos relacionados con la violencia de género y el seguimiento de los procesos judiciales contra exservidores públicos.
Desde la presidencia del Senado, Laura Itzel Castillo reiteró que el desarrollo del procedimiento deberá apegarse al debido proceso, mientras las autoridades ministeriales y judiciales competentes continúan con la integración y resolución del caso conforme a sus atribuciones.