La información difundida por Latinus documenta que Morena erogó 27 millones 159 mil 613 pesos en la campaña nacional de afiliación “Somos Millones. Súmate a Morena”, impulsada desde enero de 2025 por Andy López Beltrán y Luisa María Alcalde, con la meta de incorporar a 10 millones de personas al padrón del partido. El monto, confirmado en el oficio MORENA/CEN/UT/348/2026, supera recursos federales asignados este año a áreas estratégicas como salud mental y prevención de adicciones, cuyo presupuesto asciende a 18 millones 344 mil 34 pesos.
El reportaje subraya que el gasto partidista también rebasa en 7 por ciento lo destinado por el gobierno federal al fomento y promoción turística, que cuenta con un presupuesto de un millón 971 mil 43 pesos. La comparación expone una disparidad entre prioridades públicas y el financiamiento interno de un partido político, especialmente tratándose de una campaña de afiliación masiva.
Latinus destaca que la operación incluyó spots, módulos itinerantes y el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Su dirigente, Alfonso Cepeda, reconoció haber participado para afiliar a 1.2 millones de docentes y confirmó que Morena entregó al sindicato 6 mil tabletas para registrar a maestras y maestros. El señalamiento adquiere relevancia porque el artículo 121 del Reglamento de Fiscalización del INE prohíbe a los partidos recibir aportaciones, donativos o servicios en especie provenientes de gobiernos, sindicatos u organizaciones gremiales.
En febrero de 2025, López Beltrán afirmó ante legisladores que el triunfo electoral de Morena dependía de “mantenernos unidos mediante la apertura y la ampliación del número de personas que puedan participar en los procesos”, y justificó la meta de 10 millones de afiliados como equivalente al 38 por ciento de los votos obtenidos en 2024.
El reportaje plantea implicaciones críticas. El uso de recursos significativos para una campaña interna, superior a presupuestos públicos en áreas sensibles, abre cuestionamientos sobre prioridades partidistas y sobre el origen y legalidad de los apoyos logísticos provenientes del SNTE. Además, la magnitud del gasto evidencia una estrategia territorial de largo alcance rumbo a las elecciones intermedias de 2027, en un contexto donde la fiscalización de recursos partidistas y la intervención de organizaciones gremiales se encuentran bajo escrutinio.
La información difundida por Latinus coloca nuevamente en el debate público el uso de recursos en campañas de afiliación, el cumplimiento de las normas del INE y la relación entre partidos y sindicatos, elementos que podrían derivar en revisiones administrativas o en nuevas exigencias de transparencia.