La Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó un balance sobre el funcionamiento del Pleno después de la reforma judicial que concentró en un solo órgano colegiado la totalidad de la función jurisdiccional. Con nueve ponencias integradas en un mismo cuerpo deliberativo, el Tribunal sostiene que la nueva estructura ha modificado su capacidad resolutiva, el alcance de sus precedentes y la forma en que se construyen las decisiones constitucionales.
Reconfiguración institucional y aumento en resoluciones
El Pleno resolvió 898 asuntos entre septiembre y enero, distribuidos en 64 sesiones, con un promedio de 14 asuntos por sesión. La cifra representa un incremento de 5.4 veces respecto del modelo anterior al comparar los mismos tipos de asuntos y el mismo periodo. Este desempeño se alcanzó con 20 por ciento menos sesiones y 10 por ciento menos ponencias, lo que, según el informe, evidencia una operación más compacta y un ritmo de trabajo creciente. En diciembre de 2025 se registró un máximo histórico con 159 asuntos resueltos en siete sesiones.
Deliberación ampliada y precedentes más robustos
La reforma eliminó la división entre Salas y Pleno, por lo que el 100 por ciento de los asuntos es analizado por las nueve ponencias. Antes, el 89.6 por ciento se resolvía en Salas con participación de solo cinco ponencias. Cada sentencia incorpora ahora un promedio de 64 por ciento más perspectivas deliberativas, lo que, de acuerdo con la Corte, fortalece la coherencia interpretativa y la solidez de los precedentes.
Desde la reforma constitucional de 2021 al artículo 94, las razones que sustentan las decisiones adoptadas por mayoría calificada constituyen precedente obligatorio. La Corte subraya que, aunque las sentencias no se traduzcan de inmediato en tesis publicadas, la ejecutoria y sus consideraciones son el verdadero contenido vinculante para todas las autoridades jurisdiccionales.
Criterios recientes y alcance constitucional
Entre las decisiones destacadas se encuentran:
- La invalidez del requisito de cinco años de convivencia o un hijo en común para acceder a pensión por muerte y servicios de salud en casos de concubinato en el ISSSTE.
- La consolidación del estándar de juzgar con enfoque diferencial, perspectiva de género e interseccionalidad en desaparición forzada de mujeres defensoras de derechos humanos.
- La garantía de acceso a la justicia para una infancia con discapacidad ante la negativa de cobertura de un seguro médico.
- La validación de mecanismos legales para proteger a personas acreedoras en procesos de fusión empresarial.
- La invalidación de restricciones a la protesta social, reforzando libertades de expresión y reunión.
- La fijación de criterios para la expedición de pasaportes que aseguren libertad religiosa y no discriminación.
- La precisión de que la gravedad del feminicidio debe ser determinante en la imposición de la pena.
- El reconocimiento de la participación política de pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo un modelo de democracia intercultural.
Impacto en el sistema constitucional
La Corte sostiene que la nueva configuración permite una comprensión más clara de la obligatoriedad de sus decisiones. Las tesis continúan como herramienta de sistematización, pero los criterios contenidos en las sentencias son los que definen el alcance real de los precedentes. Con mayor capacidad resolutiva, deliberación ampliada y decisiones con efectos vinculantes más precisos, el Tribunal afirma que se fortalece la protección de derechos y la coherencia del orden jurídico.
La institución presenta esta etapa como un proceso de consolidación de su papel como garante de la supremacía constitucional y como un componente central del Estado de derecho.