Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), elaborada por el periodista e investigador Ricardo Alvarado, documentó que 46 de las 100 empresas que más contratos recibieron del gobierno federal durante el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum obtuvieron una calificación reprobatoria en el nuevo Índice de Integridad de Proveedores del Estado 2025 (IIPE). El promedio general fue de 56 puntos sobre 100, lo que evidencia un rezago significativo en las políticas corporativas orientadas a prevenir riesgos de corrupción.
El estudio, basado en los contratos transparentados en la plataforma ComprasMX, señala que estas 100 compañías concentraron 403 mil 968 millones de pesos, equivalentes al 49.8% del gasto federal en contrataciones durante el periodo evaluado. Sin embargo, la investigación advierte que una parte sustancial de estos proveedores carece de elementos mínimos de integridad. El documento lo resume así: “27 de las 100 empresas evaluadas no cumplen con al menos una de las condiciones mínimas como proveedores”.
Entre los hallazgos más relevantes, MCCI identificó que 10 empresas no cuentan con ninguna política de integridad publicada, pese a haber recibido más de 32 mil millones de pesos en contratos. Además, cuatro compañías ni siquiera tienen página web, aunque en conjunto obtuvieron 17 mil millones de pesos, monto comparable al presupuesto anual del Poder Legislativo.
La investigación también documenta casos de empresas sancionadas. Biomics Lab México fue inhabilitada en 2025 por proporcionar información falsa en un procedimiento de contratación, pero antes de la sanción recibió 33 contratos por 1,594 millones de pesos. El informe recuerda que esta empresa fue señalada por participar en la venta de medicamentos con sobreprecio, operación que habría implicado un sobrecosto de 13 mil millones de pesos para el gobierno federal. El documento señala: “En el IIPE 2025 obtuvo 5.7 de los 100 puntos posibles, lo que la ubicó en la última posición”.
Otro caso destacado es Grupo Seguridad Privada Pryse México, que obtuvo 5,542 millones de pesos en contratos pese a haber sido inhabilitada temporalmente por incumplimientos en servicios de seguridad para museos de la Ciudad de México. Aunque la empresa obtuvo suspensiones judiciales, el proceso continúa sin resolución definitiva.
El IIPE evalúa siete componentes, entre ellos declaración de principios, relaciones con terceros, capacitación, sistema de denuncia y condiciones como proveedor. El mejor desempeño se registró en este último rubro, con 89.4 puntos, mientras que el peor fue Capacitación y alcance, con 41.7 puntos, lo que evidencia la ausencia de programas formales de entrenamiento en integridad para personal y directivos.
El análisis también muestra que 35 empresas alcanzaron 85 puntos o más, aunque ninguna obtuvo el puntaje máximo. Entre las mejor evaluadas se encuentran 3M México, Bayer de México, Cemex, Microsoft México y Farmacéuticos Maypo, todas con más de 97 puntos.
MCCI concluye que la falta de políticas de integridad en una proporción significativa de los principales proveedores del Estado incrementa los riesgos de corrupción en la ejecución de contratos públicos. El informe subraya que la solución requiere acciones tanto del gobierno como del sector privado: desde verificar requisitos mínimos y sanciones vigentes, hasta publicar códigos de ética, políticas anticorrupción y mecanismos de denuncia accesibles.
La investigación plantea que la integridad corporativa debe convertirse en un estándar obligatorio para quienes contratan con el Estado, pues las contrataciones públicas representan uno de los espacios más sensibles para el desvío de recursos. El estudio advierte que la reducción sostenida de la corrupción solo será posible si gobierno, empresas y ciudadanía participan activamente en la vigilancia y mejora de los procesos de compra pública.