La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han expresado su profunda preocupación ante el Proyecto de Presupuesto para 2025, actualmente en análisis en la Cámara de Diputados. Este proyecto contempla una reducción significativa en los recursos destinados a estas instituciones, lo que podría tener consecuencias graves para la impartición de justicia en el país.
Según el proyecto, se propone una disminución de 714.4 millones de pesos (12.06% menos de lo solicitado) para la SCJN y de 13,117.2 millones de pesos (17.45% menos) para el CJF. Estas cifras alarmantes afectan principalmente al capítulo 1000, que cubre sueldos, salarios y prestaciones, comprometiendo así la continuidad operativa de ambas instituciones y los derechos laborales de sus trabajadores.
La SCJN advirtió que, de aprobarse este recorte, se vería forzada a reducir el número de plazas mediante ajustes en su estructura o en las prestaciones laborales. El CJF, por su parte, podría enfrentar el cierre de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, además de la reducción de su plantilla laboral. Esto resultaría en una afectación directa al derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos.
Este recorte también pone en peligro la implementación de varias reformas constitucionales en marcha, incluyendo las áreas laboral, penal, civil, familiar y de mecanismos alternativos, así como la propia reforma judicial. Los recursos solicitados por la SCJN y el CJF incluyen previsiones necesarias para la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, ambos esenciales para la reforma judicial.
Cabe recordar que el Decreto de Reforma al Poder Judicial de septiembre de este año garantiza que «los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad». Sin embargo, con un ajuste presupuestal de esta magnitud, este compromiso se vería comprometido.
Las autoridades de la SCJN y el CJF han reiterado la importancia de contar con los recursos necesarios para cumplir con sus funciones y mantener la calidad en la impartición de justicia. Han hecho un llamado a los legisladores para reconsiderar la propuesta y evitar un retroceso en los avances logrados hasta ahora.
El futuro de la justicia en México depende en gran medida de la decisión que tome la Cámara de Diputados respecto a este presupuesto. La comunidad jurídica y la sociedad en general estarán atentas a los próximos desarrollos en este tema crucial.