La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 30 votos a favor y 11 en contra, el dictamen a la minuta que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna. Se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa.
El presidente de la instancia legislativa, diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), informó que en acuerdo con los grupos parlamentarios se resolvió que las reservas se desahogarán en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Además, indicó que recibió dos votos particulares que se anexarán al final proyecto del dictamen para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
La adición de un quinto párrafo al artículo 105 precisa que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución”.
Mientras que la reforma al primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.
Queda: “las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
En los transitorios se precisa que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto.
El documento, avalado en términos de la minuta, precisa que la reforma y adición propuestas guarda completa relación con los principios del constitucionalismo mexicano, en principio, porque el artículo 135 de la Constitución Política dispone que la Carta Magna puede ser adicionada o reformada mediante un proceso legislativo que requiere el voto de las dos terceras partes de cada Cámara que conforma el Congreso de la Unión de los individuos presentes y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.
Subraya que con esta reforma se perfeccionarán los procesos constitucionales y reivindican las reglas del control de constitucionalidad que han sido sobrepasadas. Añade que son suficientes los argumentos y razonamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales que sostienen estas propuestas de reforma para reafirmar sobre la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución. La pugnabilidad de las reformas constitucionales solo ha sido un debate en la doctrina.
Además, con esta reforma se refuerza el razonamiento jurídico de la inimpugnabilidad como regla y principio constitucional, asentando para no dejar lugar a dudas el criterio que ha imperado de manera inveterada, evitando sobreinterpretaciones que sean completamente ajenas y fuera de los márgenes de la Constitución.
Primera ronda
Al iniciar la primera ronda, la diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) expresó que con la reforma se engaña al pueblo porque se quita a la ciudadanía sus legítimas armas para defenderse del abuso y arbitrariedad de los representantes y elimina la posibilidad de impugnación de reformas constitucionales.
Por Morena, la diputada Mariana Benítez Tiburcio mencionó que la reforma para transformar el sistema de justicia apenas inició con la aprobada el pasado 15 de septiembre, y “esta modificación solo busca dejar de manera clara que no procede ningún recurso de control contra reformas constitucionales.
A su vez, la diputada Laura Hernández García (MC) resaltó que la reforma pretende eliminar la posibilidad de impugnar las adiciones y reformas a la Constitución, dejando al poder reformador prácticamente sin contrapeso.
Ruth Maricela Silva Andraca, diputada del PVEM, destacó que la reforma garantiza que el Poder Legislativo sea el único con la facultad para modificar la Carta Magna, al eliminar la posibilidad de intervención judicial sobre reformas constitucionales, lo que refuerza la independencia de este órgano, que ha sido elegido por el pueblo para ejercer soberanía.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) aseguró no hay un sustento, solamente venganza contra el Poder Judicial; no hay un razonamiento técnico-jurídico de fondo y las reformas violentan los principios fundamentales que dieron origen a la Constitución de 1917, como es la separación de poderes y evitar la concentración del poder en uno solo.
Por Morena, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes expuso que lo que busca esta reforma es terminar con el activismo judicial; es decir, que los ministros puedan legislar, toda vez que su tarea es jurisdiccional. “Es relevante que se arropen las facultades legislativas, de lo contrario se dañarían los pesos y contrapesos de los Poderes del Estado”.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) afirmó que la reforma marcará un antes y un después en el equilibrio del Poder en México. “Si la Constitución deja de ser una barrera contra excesos del poder, el país se enfrenta a un riesgo autoritario real, donde los derechos y la justicia quedarían vulnerables”.
Julieta Kristal Vences Valencia, diputada de Morena, relató que el artículo 39 constitucional dice: “el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno”, por lo que “quienes tienen la responsabilidad de llevar las demandas más sentidas son las y los legisladores; es cuestionable que el Poder Judicial ordenara una suspensión”.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) señaló que el motivo de la reunión deriva de una reforma para sustituir a los integrantes del Poder Judicial, pero no se trata de un asunto de justicia. Rechazó que los mexicanos vayan a seleccionar a su juzgador, por lo que se debe conocer cuántas boletas se van a manejar y cómo se va a llevar a cabo este procedimiento.
La diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) dijo que la reforma no es un intento por imponer un régimen autoritario; al contrario, es un derecho que se tiene como poder reformador, es un mecanismo de defensa para evitar que las reformas constitucionales que cumplan con una amplia mayoría y legitimidad sean echadas para abajo.
Paulina Rubio Fernández, diputada del PAN, consideró que con la reforma se elimina la posibilidad de que la ciudadanía se defienda con amparos ante reformas constitucionales; lo mismo ocurrirá con los gobernadores, pues no podrán llevar a cabo las controversias constitucionales o los partidos políticos o las minorías del Congreso con las acciones de anticonstitucionalidad.
El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) indicó que la reforma no pretende modificar algo que ponga en riesgo los derechos humanos y garantías; tampoco atenta contra el control de convencionalidad, sino que lleva a rango constitucional un texto de la Ley de Amparo que es fundamental.
Segunda ronda
La diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) subrayó que no puede afirmarse que los derechos humanos están salvaguardados, porque lo que se propone es la eliminación de mecanismos jurídicos para corregir o detener abusos e irregularidades en la aprobación de modificaciones a la Constitución.
De Morena, la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano precisó que la reforma garantiza y consolida certeza jurídica, y que una vez que la voluntad del pueblo ha sido elevada a rango constitucional no podrá ser cuestionada mediante procesos judiciales. No implica una disminución en la protección de sus derechos fundamentales.
A su vez, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) consideró que el dictamen acaba con la posibilidad de que alguien pueda defenderse de los actos de autoridad. “No hay certeza ni validez de lo que se va a determinar aquí. Desde esta Comisión hay que hacer ciencia jurídica”.
El diputado del PVEM, Ricardo Astudillo Suárez aclaró que en el dictamen no se modifica el tema de amparo; por el contrario, busca recalcar lo que ya está especificado en la Constitución, al establecer estabilidad institucional y evita que las modificaciones constitucionales sean objeto de impugnación.
La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) cuestionó cómo se garantizará la defensa de los derechos humanos, las garantías y las libertades individuales, así como la protección a la propiedad privada, si se aprueba la reforma.
Del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez aseveró que no se están afectando los derechos humanos ni desaparecen los medios de control de constitucionalidad, pues sigue vigente el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad frente a normas generales.
El diputado Fernando Torres Graciano (PAN) afirmó que con la reforma se está cercenando y debilitando a una institución que representa un orgullo para las y los mexicanos, pues pretende quitarle el juicio de amparo a los ciudadanos, lo que claramente representa una violación a sus derechos humanos.
Favio Castellanos Polanco, diputado de Morena, expuso que la reforma viene a fortalecer lo que dice la Ley de Amparo. “Hoy se reforma para el bien del pueblo de México, aunque la oposición hoy intenta renunciar a la facultad de legislar. Nosotros desde la coalición tenemos un mandato popular y que las reformas sean una realidad”.
Gabriela Georgina Jiménez Godoy, diputada de Morena, señaló que con estas adecuaciones se eleva a rango constitucional lo ya previsto en la ley y se garantiza que haya una real división de poderes, al estipular la claridad y la certeza jurídica respecto a la improcedencia a nivel constitucional de las acciones de inconstitucionalidad, controversias y juicio de amparo.
Del PAN, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala afirmó que la reforma reduce los efectos del amparo en su función como garantía de protección a los derechos humanos. “El juicio de amparo protege de actos inconstitucionales o violatorios de derechos humanos. A ustedes no les importa desmantelar la estructura jurídica y, en lugar de apelar, reforman la Constitución”.
El diputado José Alejandro Peña Villa (Morena) señaló que son claras las posiciones. “Nosotros queremos seguir en la democratización y garantizar que haya reformas constitucionales en beneficio de la gente. No se puede seguir permitiendo la intromisión del Poder Judicial”.
Tercera ronda
El diputado Carlos Hernández Mirón (Morena) afirmó que la reforma no significa la eliminación judicial sobre leyes generales y es una mentira lo que comentan quienes están en contra del dictamen, y también es falso que se vaya en contra de los derechos de las personas.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) puntualizó que la propuesta es una reacción a las determinaciones de las autoridades judiciales en distintos momentos. No es una reforma sobre supremacía constitucional, sino que busca imponer la supremacía de una mayoría legislativa temporal sobre la Constitución.
Oscar Iván Brito Zapata, diputado de Morena, expresó que si la Suprema Corte de Justicia no actuara en prevaricato no se tendrían que hacer adecuaciones a la Carta Magna. “Sólo se cumple con la facultad del Poder Legislativo y no se modifican los medios para revisar las controversias que vulneren los derechos humanos”.
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) indicó que la reforma da claridad y certeza al texto constitucional, evita que intereses particulares, políticos, económicos, de élite o extranjeros prevalezcan por encima de la Carta Magna y que se utilicen vías judiciales para entorpecer o revertir reformas aprobadas democráticamente.
Francisco Javier Estrada Domínguez, diputado de Morena, señaló que el artículo segundo transitorio del dictamen propone que los asuntos en trámite se resuelvan conforme a lo que se votará en la reunión de este lunes, por lo que “no aplica la retroactividad de la ley, porque no existe ninguna resolución concluida por la Suprema Corte, ni por algún juzgado o tribunal colegiado, de ahí que se está respetando el orden jurídico”.
Por el PT, la diputada Lilia Aguilar Gil manifestó que con la reforma permanece el juicio de amparo; simplemente se eleva a rango constitucional lo que ya dice el artículo 61 de “que la Constitución no puede ser inconstitucional”. Además, las adiciones no afectan a los ciudadanos.
El diputado de Morena, Julio César Moreno Rivera, reiteró que con la reforma no se eliminan las facultades de la Corte, ni se suprime la figura de juicio de amparo, porque éste seguirá vigente, protege los derechos humanos de la ciudadanía. Lo que se pretende es evitar que los jueces excedan sus facultades al intervenir en decisiones exclusivas de las y los legisladores.