La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados expresó su indignación y enérgico rechazo ante los recientes casos de discriminación hacia personas con discapacidad, perpetrados por empresas que incumplen las leyes de igualdad y accesibilidad.
Un llamado urgente al respeto de los derechos humanos
Los hechos denunciados, en los que personas con discapacidad fueron impedidas de acceder a servicios básicos, constituyen una violación grave a sus derechos fundamentales. La diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores, presidenta de la Comisión, destacó que estas acciones reflejan no solo una falta de sensibilidad social, sino también un incumplimiento de disposiciones legales como:
- La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo Artículo 2 garantiza la igualdad de oportunidades y un entorno accesible y libre de discriminación.
- La Ley Federal de Protección al Consumidor, que en su Artículo 58 obliga a los proveedores de bienes y servicios a garantizar condiciones equitativas y no discriminatorias.
Acciones legislativas y exhortaciones
La Comisión reiteró su compromiso con la vigilancia y cumplimiento efectivo de las leyes mencionadas, anunciando medidas concretas:
- Supervisar la correcta implementación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal de Protección al Consumidor.
- Exhortar a las autoridades competentes a realizar investigaciones exhaustivas sobre los incidentes reportados, sancionando a los responsables.
- Llamar a empresas y proveedores de servicios a implementar medidas de accesibilidad universal, asegurando entornos dignos e incluyentes.
Un mensaje de compromiso y responsabilidad
En palabras de la diputada de los Santos Flores:
«En una sociedad inclusiva e igualitaria, no hay cabida para la discriminación ni para la indiferencia hacia los derechos de las personas con discapacidad. Trabajaremos incansablemente para construir un país más inclusivo y respetuoso con la diversidad.»
La Comisión se comprometió a seguir legislando y actuando con determinación para evitar que hechos como estos se repitan y garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones.
Este posicionamiento deja claro que las instituciones tienen la obligación de actuar con firmeza para erradicar prácticas discriminatorias, avanzando hacia una sociedad donde la inclusión y el respeto sean principios fundamentales.