La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió a Austria, Portugal, Trinidad y Tobago, Zimbabwe y Kirguistán como nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el periodo 2027-2028, en una votación que definió la integración de uno de los órganos con mayor influencia dentro del sistema internacional en un momento marcado por desacuerdos entre las principales potencias y cuestionamientos sobre su capacidad de respuesta ante conflictos internacionales.
Los cinco países asumirán sus funciones a partir del 1 de enero de 2027, sustituyendo a Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia, cuyos mandatos concluirán al finalizar 2026.
La elección dejó un hecho sin precedentes para Kirguistán, que ocupará por primera vez un asiento en el Consejo de Seguridad desde su ingreso a la Organización de las Naciones Unidas en 1992. Su candidatura se impuso a Filipinas tras cuatro rondas de votación, en la contienda más disputada de la jornada.
En la primera ronda, Kirguistán obtuvo 105 votos frente a 85 de Filipinas. Sin embargo, conforme avanzó el proceso electoral fue ampliando su respaldo hasta alcanzar una victoria definitiva por 142 votos contra 49 en la cuarta ronda.
La elección fue recibida con celebraciones por parte de la delegación kirguisa y de representantes diplomáticos presentes en el Salón de la Asamblea General, donde los aplausos se prolongaron durante varios minutos tras anunciarse el resultado.
En contraste, Austria y Portugal lograron asegurar los dos espacios correspondientes al grupo de Europa Occidental desde la primera votación. Portugal obtuvo 134 sufragios y Austria 131, superando la mayoría de dos tercios requerida para acceder al Consejo. Alemania, que también competía por uno de esos lugares, recibió 104 votos y quedó fuera de la contienda.
Por su parte, Trinidad y Tobago obtuvo 181 votos para representar al Grupo de América Latina y el Caribe, mientras que Zimbabwe recibió 182 votos como candidato del Grupo Africano.
La integración de los nuevos miembros ocurre en un escenario de creciente presión sobre el Consejo de Seguridad, órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales y que en los últimos años ha enfrentado dificultades para alcanzar consensos sobre algunos de los principales conflictos del mundo.
Las diferencias entre los cinco miembros permanentes —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia— han marcado buena parte de las discusiones sobre la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza, generando bloqueos que han impedido la adopción de resoluciones en diversas ocasiones.
El uso del derecho de veto por parte de los integrantes permanentes se ha convertido en uno de los puntos más debatidos dentro de la organización. Este mecanismo permite a cualquiera de las cinco potencias bloquear decisiones del Consejo, incluso cuando cuentan con respaldo mayoritario entre los demás integrantes.
Ante estas circunstancias, desde 2022 la Asamblea General estableció la obligación de convocar una sesión especial cada vez que un miembro permanente ejerza el veto, con el propósito de que los 193 Estados miembros puedan analizar y debatir públicamente las razones de esa decisión.
La elección de los nuevos integrantes también ocurre en medio de una discusión cada vez más amplia sobre la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad. Diversos gobiernos y representantes internacionales sostienen que la estructura actual refleja la distribución del poder surgida después de la Segunda Guerra Mundial y no la realidad geopolítica del siglo XXI.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha insistido en múltiples ocasiones en que las instituciones internacionales permanecen “atrapadas en el mundo de 1945, no en el mundo de hoy”, una afirmación que se ha convertido en uno de los principales argumentos para impulsar cambios en el sistema de representación dentro del organismo.
Los países africanos han encabezado parte de estas demandas al señalar que un continente integrado por 54 Estados miembros continúa sin contar con representación permanente dentro del Consejo de Seguridad, pese a que una parte importante de las operaciones de mantenimiento de la paz y de las crisis analizadas por el organismo se desarrollan en territorio africano.
A estas exigencias se han sumado llamados para ampliar la presencia de países en desarrollo en los espacios donde se toman decisiones sobre conflictos, sanciones internacionales y operaciones de seguridad.
Aunque los miembros no permanentes carecen de derecho de veto, su participación resulta relevante para impulsar negociaciones, construir alianzas diplomáticas y posicionar temas regionales dentro de la agenda internacional.
El Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros: cinco permanentes y diez no permanentes elegidos por periodos de dos años. Sus resoluciones pueden tener efectos vinculantes para todos los Estados miembros de la ONU y entre sus facultades se encuentran la imposición de sanciones, la autorización de misiones de mantenimiento de la paz, la creación de tribunales internacionales y, en determinadas circunstancias, la autorización del uso de la fuerza.
Con la llegada de Austria, Portugal, Trinidad y Tobago, Zimbabwe y Kirguistán, el órgano iniciará una nueva etapa en un contexto marcado por conflictos armados, tensiones geopolíticas y una creciente discusión sobre la necesidad de reformar uno de los espacios donde se toman las decisiones más relevantes para la seguridad internacional.