La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el decreto anunciado por el Ejecutivo federal para fortalecer la transparencia representa una oportunidad para revisar el marco legal en la materia, aunque advirtió que la invocación de la seguridad nacional no debe utilizarse como argumento para negar información pública de manera automática.
Durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora señaló que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) abrió un debate sobre el acceso a la información y la rendición de cuentas, al tiempo que sostuvo que existe una demanda ciudadana para combatir la corrupción mediante mecanismos efectivos de transparencia.
López Rabadán sostuvo que la transparencia no sólo debe garantizar el acceso a la información, sino permitir a la ciudadanía conocer cómo se ejercen los recursos públicos.
«La opacidad, la falta de transparencia abre espacios terribles a la corrupción, al enriquecimiento ilícito y al abuso del poder», expresó. Añadió que la regla debe ser la máxima publicidad y que la reserva de información debe mantenerse únicamente como una excepción plenamente justificada.
La legisladora indicó que la iniciativa que enviará el Ejecutivo al Congreso permitirá revisar conceptos y limitar la discrecionalidad en la clasificación de información, particularmente cuando se invoque la seguridad nacional.
«Debemos asegurar que la seguridad nacional sea invocada únicamente como una excepción debidamente fundada y justificada y nunca que, con el pretexto de ser información de seguridad nacional, se niegue de manera automática esa información a los ciudadanos», señaló.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, la presidenta de la Cámara sostuvo que actualmente existen dificultades para acceder a información pública debido a fallas en las plataformas oficiales y a los tiempos prolongados de respuesta.
Afirmó que la ciudadanía enfrenta obstáculos para conocer contratos, perfiles de servidores públicos y el destino de los recursos, situación que, dijo, debe corregirse independientemente de las posiciones partidistas. «La gente está cansada de la corrupción», expresó al señalar que la falta de transparencia repercute en servicios públicos, infraestructura y programas gubernamentales.
Respecto al uso reiterado del argumento de seguridad nacional para clasificar información, López Rabadán consideró que esa práctica ha derivado en mayores niveles de opacidad.
«Reservar información, argumentar que es un tema de seguridad nacional o tener plazos larguísimos, todo eso provoca corrupción», afirmó al respaldar que el Congreso retome la discusión sobre el modelo de transparencia y acceso a la información pública.
En otro tema, la legisladora se pronunció a favor de revisar el marco legal tras la localización de instalaciones utilizadas para el procesamiento ilegal de combustibles. Consideró necesario cerrar los vacíos legales que permiten la adquisición de infraestructura para ese tipo de operaciones y reforzar tanto la legislación como la aplicación de las normas vigentes.
«No puede haber refinerías como si fueran tienditas», declaró al señalar que el Estado debe impedir que organizaciones criminales operen este tipo de instalaciones y garantizar la aplicación de la ley.
Sobre la eventual reelección de legisladores, López Rabadán sostuvo que, aunque la Constitución no obliga a solicitar licencia para competir por un nuevo cargo, los diputados deben respetar los tiempos electorales y abstenerse de utilizar recursos públicos para fines proselitistas.
Indicó que el trabajo legislativo debe mantenerse como prioridad y reiteró su rechazo a las sesiones del Pleno a distancia, al considerar que los representantes populares deben acudir al recinto para deliberar y representar a la ciudadanía.
Finalmente, al ser cuestionada sobre las denominadas escuelas militarizadas, afirmó que cualquier plantel, público o privado, que vulnere los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes debe ser clausurado, independientemente de su nombre o modelo educativo.
«Si cumplen con la ley, cumplen y tienen que estar abiertos; si no cumplen con la ley, no cumplen y tienen que estar cerrados», concluyó.