En el recinto legislativo resonó con fuerza la consigna: “Vamos por la justicia hídrica intergeneracional, la Ley de Aguas es el marco legal más importante para el presente y futuro del país”. Con esta premisa se abrió un debate que busca colocar al agua en el centro de la agenda pública, no como mercancía, sino como derecho fundamental y patrimonio común.
La discusión, marcada por la voz de la legisladora Laura Ballesteros, advirtió que la iniciativa del Gobierno Federal corre el riesgo de prestarse a la discrecionalidad por la falta de protocolos claros, lo que —subrayó— obliga a dotar de certeza jurídica a un tema que impacta directamente en la vida de millones de mexicanos. En ese mismo tono, se planteó que las nuevas formas de participación ciudadana deben ser el eje de la gobernanza hídrica, con la creación de un sistema nacional y un consejo ciudadano que garanticen transparencia y vigilancia social.
El proyecto de Ley de Aguas, presentado como una reforma estructural, propone revisar y transparentar las concesiones hídricas, redistribuyéndolas bajo criterios de justicia y sostenibilidad. Se prioriza el uso doméstico y comunitario sobre el aprovechamiento comercial e industrial, en un intento por revertir décadas de inequidad en el acceso al recurso. La iniciativa también busca democratizar la gestión del agua, otorgando voz y voto a pueblos originarios, comunidades rurales y mujeres, sectores históricamente marginados en la toma de decisiones.
La crónica legislativa recogió denuncias sobre el saqueo del agua por parte de empresas que se enriquecen a costa de dejar sin suministro a comunidades enteras. En respuesta, la propuesta plantea poner fin al negocio del despojo, recuperando el sentido público y ambiental del recurso.
El debate no solo se inscribe en la coyuntura política, sino que abre un horizonte intergeneracional: garantizar que las futuras generaciones tengan acceso al agua como derecho humano y no como privilegio. La Ley de Aguas, en palabras de sus impulsores, se perfila como el marco legal más trascendente para asegurar justicia hídrica y sostenibilidad en México.