La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su rechazo al dictamen aprobado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado que propone establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La postura de JUFED se conoce después de que el Senado aprobó el 29 de septiembre, con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales. El proyecto todavía requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales para completar el proceso de reforma constitucional.
De acuerdo con el dictamen, quienes aspiren a esos cargos deberán contar únicamente con nacionalidad mexicana y, en caso de tener otra, acreditar su renuncia antes de registrarse como candidatos.
JUFED sostiene que esta modificación restringiría los derechos políticos de mexicanos por nacimiento que cuentan con una segunda nacionalidad. La asociación recordó que México reconoce jurídicamente la doble nacionalidad desde las reformas constitucionales de finales de la década de 1990 y consideró que el nuevo requisito representa un cambio en ese marco.
La organización cuestionó además que tener una sola nacionalidad sea suficiente para garantizar el compromiso de una persona con México. En su posicionamiento sostuvo que poseer dos nacionalidades tampoco demuestra, por sí mismo, que alguien vaya a incumplir sus obligaciones frente al Estado mexicano.
El planteamiento de JUFED coincide con una de las principales críticas formuladas durante el debate legislativo: que la nacionalidad, por sí sola, no determina la lealtad o el comportamiento de una persona que ocupa un cargo público. En el Senado, legisladores de oposición también señalaron que la reforma podría afectar los derechos políticos de mexicanos que emigraron y posteriormente adquirieron otra nacionalidad.
JUFED cuestiona que la Constitución sea utilizada para restringir derechos
La asociación judicial también manifestó preocupación porque la nueva exigencia quedaría establecida directamente en la Constitución.
JUFED sostuvo que esta circunstancia podría reducir las posibilidades de impugnar la restricción mediante mecanismos ordinarios de control constitucional y afirmó que la reforma podría ser utilizada para limitar la participación política de personas con trayectorias internacionales.
En su pronunciamiento, la organización fue más allá y advirtió que la modificación podría utilizarse como un mecanismo para consolidar el proyecto político del oficialismo, al limitar la participación de figuras con vínculos internacionales y posibles perfiles capaces de generar controles o contrapesos.
Esta última valoración corresponde a la posición de JUFED y no a una conclusión judicial sobre la finalidad de la reforma.
El argumento de la seguridad nacional
Uno de los puntos centrales del debate legislativo ha sido si contar con una segunda nacionalidad representa un riesgo para quienes aspiran a encabezar los poderes ejecutivos.
La oposición ha cuestionado esa premisa. El senador panista Francisco Ramírez Acuña sostuvo durante el debate que la doble nacionalidad fue reconocida como un avance para los derechos de los mexicanos y cuestionó que ahora se considere un elemento de riesgo para quienes pretendan ocupar la Presidencia o una gubernatura.
El senador también planteó que México tiene millones de ciudadanos que mantienen vínculos con otros países y que la doble nacionalidad forma parte de la realidad de las comunidades mexicanas en el exterior.
Desde el bloque opositor se ha sostenido que la reforma podría afectar particularmente a mexicanos que emigraron, adquirieron otra nacionalidad y posteriormente desean regresar al país para participar en la vida política.
El punto que plantea la reforma
La modificación propuesta no elimina la nacionalidad mexicana para los ciudadanos que tienen otra. La restricción se concentra en quienes pretendan ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En caso de contar con otra nacionalidad, el aspirante tendría que acreditar su renuncia antes de registrarse como candidato, de acuerdo con el dictamen aprobado por el Senado.
JUFED considera que esa condición no garantiza por sí misma que quien llegue a un cargo público actuará en beneficio del Estado mexicano y sostiene que el criterio debería centrarse en las obligaciones y responsabilidades derivadas del ejercicio del cargo, no en la existencia de una segunda nacionalidad.
La organización también pidió distinguir entre tener otra nacionalidad y solicitar protección internacional. Señaló que una persona puede solicitar protección de otro Estado sin ser nacional de ese país.
La reforma se encuentra ahora en la etapa de revisión por los congresos estatales. El Senado ya aprobó el proyecto, pero al tratarse de una modificación constitucional todavía debe seguir el procedimiento previsto para este tipo de cambios.
El debate coloca en el centro una cuestión que va más allá del requisito para ser candidato: hasta dónde puede el Estado establecer restricciones a los derechos políticos de ciudadanos mexicanos por nacimiento que poseen otra nacionalidad. Mientras el dictamen plantea la nacionalidad única como condición para determinados cargos ejecutivos, JUFED sostiene que esa exigencia limita derechos que el propio orden constitucional reconoce a los mexicanos con doble nacionalidad.