La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) afirmó que la reforma judicial aprobada en 2024 eliminó contrapesos institucionales y debilitó la independencia de la impartición de justicia, por lo que anunció que continuará llevando sus reclamos ante organismos internacionales.
Durante la Cumbre Nacional de Abogados, organizada en Tijuana por la Alianza Mexicana de Abogados, la directora nacional de JUFED, magistrada Julia García González, sostuvo que la reforma judicial fue impulsada mediante una campaña de descalificación contra el Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Se construyó una narrativa de polarización para presentar al Poder Judicial de la Federación como el enemigo del pueblo”, afirmó, al cuestionar las acusaciones sobre supuestos salarios excesivos y corrupción generalizada entre jueces y magistrados.
García González presentó cifras que, según la JUFED, contradicen esa narrativa. Señaló que entre 2021 y 2024 se iniciaron 4 mil 992 procedimientos disciplinarios dentro del PJF, de los cuales 46 correspondieron a faltas graves de corrupción, equivalentes a 0.92 por ciento.
Agregó que únicamente 18 personas fueron sancionadas por ese tipo de conductas, cifra que, de acuerdo con sus datos, representó 0.036 por ciento del personal del Poder Judicial durante ese periodo.
“Es falso que la corrupción fuera la norma”, sostuvo la magistrada.
La directora nacional de JUFED también señaló que México enfrenta una insuficiencia de juzgadores. De acuerdo con las cifras expuestas durante el encuentro, el país cuenta con 5.1 jueces por cada 100 mil habitantes, frente a un estándar de 65 jueces por cada 100 mil habitantes recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Afirmó que problemas como la carga de trabajo en los sistemas de justicia local y federal, la insuficiencia presupuestal y las deficiencias de las fiscalías no fueron atendidos con la reforma y, en algunos casos, se agravaron.
“La operación fue simple: asfixia presupuestal, menos juzgados, más rezago y una justicia cada vez más lejana y lenta”, acusó.
García González reprochó además el incumplimiento, según su posición, del artículo décimo transitorio de la reforma judicial, particularmente en disposiciones relacionadas con pagos extraordinarios y pensiones complementarias para integrantes de la judicatura.
JUFED acusa pérdida de independencia judicial
La magistrada afirmó que la reforma también provocó la pérdida de la carrera judicial y una reducción de la productividad, además de generar una curva de aprendizaje entre los nuevos integrantes de los órganos jurisdiccionales.
Uno de sus principales señalamientos se dirigió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aseguró que actualmente existe una “Corte capturada” y sostuvo que en más de 80 por ciento de los asuntos relevantes sus resoluciones favorecen los intereses del gobierno.
“El mérito y la capacidad técnica fueron sustituidos por la lealtad política”, afirmó.
La JUFED también denunció presiones contra juzgadores de carrera mediante procedimientos administrativos disciplinarios y denuncias penales, que calificó como mecanismos utilizados contra quienes mantienen criterios jurisdiccionales autónomos.
Asimismo, señaló que el desconocimiento o incumplimiento de suspensiones y resoluciones dictadas en juicios de amparo representa una afectación al Estado de derecho.
Ante la falta de mecanismos jurídicos internos que, a juicio de la organización, permitan impugnar determinadas decisiones constitucionales, García González anunció que integrantes de la judicatura acudirán a instancias internacionales.
“Agotaremos las vías internacionales ante la Relatoría Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó.
La magistrada sostuvo que la defensa de la independencia judicial trasciende los intereses de jueces y magistrados y tiene como objetivo preservar derechos y libertades.
“La defensa de la judicatura independiente no es un privilegio de grupo, es la última trinchera para proteger las libertades de las y los mexicanos”, expresó.
Al concluir su participación, García González llamó a la comunidad jurídica y a la ciudadanía a involucrarse en la defensa de las instituciones democráticas y citó a Angela Davis: “Ya no acepto las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar”.
Los señalamientos forman parte del posicionamiento de JUFED frente a la reforma judicial y su implementación.