Un juez federal en Jalisco concedió el primer amparo que declara inconstitucional la reforma al Poder Judicial de 2024, al considerar que vulnera principios de la Constitución de 1917, derechos humanos y presenta irregularidades en su proceso de aprobación. La resolución aún no surte efectos y será revisada por un tribunal colegiado, con la posibilidad de que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La sentencia fue emitida por Agustín Archundia Ortiz, juez en Materia Administrativa con sede en Jalisco, quien resolvió a favor de un grupo de integrantes del Poder Judicial Federal que impugnaron la reforma constitucional mediante la cual se instauró la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, entre otros cambios al sistema de impartición de justicia.
De acuerdo con la resolución, el juzgador concluyó que la reforma resulta incompatible con la Constitución de 1917, vulnera derechos humanos y presenta vicios en el procedimiento legislativo que le dio origen.
No obstante, el fallo no tendrá efectos inmediatos. La resolución deberá ser revisada inicialmente por uno de los tres tribunales colegiados de Jalisco, instancia que resolverá las impugnaciones correspondientes. Posteriormente, el asunto podría ser atraído por la Suprema Corte o llegar al máximo tribunal mediante los recursos legales previstos.
El caso adquiere relevancia porque una eventual revisión podría quedar en manos de ministros y magistrados que asumieron sus cargos mediante el modelo de elección popular establecido precisamente por la reforma impugnada, circunstancia que ha sido señalada por los promoventes como un posible conflicto de interés.
Archundia Ortiz, integrante de la carrera judicial con 26 años de trayectoria, fue uno de los tres jueces de Zapopan a quienes se asignaron más de 500 juicios de amparo promovidos por integrantes del Poder Judicial Federal contra la reforma constitucional.
La sentencia fue firmada el 31 de julio, aunque su notificación quedó programada para el 17 de agosto, debido al periodo vacacional del juzgado.
El amparo beneficia exclusivamente a los promoventes del juicio: la magistrada en funciones Mercedes Verónica Sánchez Miguez, el magistrado retirado Manuel Ernesto Saloma Vera y Aidée Sánchez Arévalo, por lo que sus efectos no se extienden al resto de las personas sujetas a la reforma.
En su resolución, el juez dedica más de 170 páginas a justificar la facultad del Poder Judicial para analizar el contenido de reformas constitucionales con base en tratados internacionales sobre derechos humanos, pese a la modificación constitucional aprobada en octubre de 2024 que limitó esa posibilidad.
Asimismo, sostiene que el Poder Reformador de la Constitución no puede modificar los principios fundamentales establecidos por el Constituyente de 1917, argumento que constituye uno de los ejes centrales de la sentencia.
La resolución abre una nueva etapa en la disputa jurídica sobre la reforma judicial de 2024 y anticipa un proceso de revisión que podría definir el alcance del control constitucional sobre las reformas a la propia Carta Magna, así como los límites del poder de reforma constitucional en México.