Una investigación periodística publicada por The New York Times, firmada por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, sostiene que funcionarios electos del partido Morena han establecido contactos discretos con autoridades de Estados Unidos para ofrecer información sobre otros integrantes de la misma fuerza política, en medio del fortalecimiento de las investigaciones impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones del narcotráfico.
De acuerdo con el trabajo periodístico, que cita testimonios de más de una decena de personas con conocimiento de las conversaciones, al menos diez funcionarios electos —entre ellos gobernadores y legisladores— habrían iniciado acercamientos con autoridades estadounidenses, mientras otros analizan colaborar con información relacionada con investigaciones en curso.
The New York Times señala que estos contactos se produjeron después de que autoridades estadounidenses acusaran a diez funcionarios mexicanos, en funciones y retirados, de colaborar con organizaciones criminales. Según la publicación, parte de esta cooperación fue impulsada por una estrategia de la Administración para el Control de Drogas (DEA), cuyos representantes habrían buscado persuadir a funcionarios mexicanos para aportar información sobre otros actores políticos.
El reportaje indica que varios de los funcionarios que han buscado establecer comunicación con autoridades estadounidenses pretenden anticiparse a posibles investigaciones en su contra. La DEA y el gobierno de México declinaron hacer comentarios al diario sobre estas versiones.
La investigación de The New York Times plantea que, si las autoridades estadounidenses logran incorporar a más funcionarios como informantes, podrían obtener nuevos testimonios y evidencias que ampliarían las indagatorias sobre presuntos actos de corrupción y vínculos con organizaciones criminales, lo que tendría repercusiones para Morena, partido que actualmente gobierna México.
El reportaje también expone que la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado públicamente las investigaciones impulsadas por Washington y las ha calificado como actos de «injerencia». La mandataria ha sostenido que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para justificar acciones contra funcionarios mexicanos y ha reiterado que cualquier investigación corresponde a las autoridades nacionales.
Según la publicación, el debate también ha generado diferencias dentro del propio gobierno mexicano entre funcionarios que plantean mantener una cooperación más amplia con Washington y quienes consideran que las investigaciones estadounidenses representan un precedente sobre la soberanía nacional.
La investigación periodística identifica además como objetivos de las indagatorias estadounidenses a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Ambos han rechazado cualquier relación con el narcotráfico y han negado las acusaciones.
Asimismo, el trabajo periodístico refiere la difusión de un audio de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien confirmó la autenticidad de una conversación relacionada con una posible reunión con autoridades estadounidenses, aunque aseguró que nunca se concretó y negó haber alcanzado acuerdos con funcionarios de ese país.
El reportaje también documenta que las investigaciones estadounidenses se nutren de declaraciones de integrantes de organizaciones criminales que actualmente se encuentran bajo custodia en Estados Unidos, así como de información obtenida tras diversas extradiciones realizadas durante los últimos meses.
La investigación fue elaborada por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer y publicada por The New York Times, en colaboración con Puente News Collaborative, una redacción bilingüe dedicada a la cobertura de México y la frontera entre México y Estados Unidos. El contenido corresponde al trabajo periodístico desarrollado por dichos autores y recoge información atribuida a fuentes consultadas por ese medio.