Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizada por el periodista Iván Alamillo, documenta que una red de diez empresas sin experiencia previa en obras hidráulicas obtuvo contratos por 2 mil 314 millones de pesos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y que el núcleo de esa estructura empresarial está vinculado con una compañía constituida en la notaría del hoy senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, posteriormente incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la lista definitiva de empresas factureras.
De acuerdo con la investigación periodística de MCCI elaborada por Iván Alamillo, casi el 80 por ciento de esos recursos fue adjudicado por un área de Conagua que estuvo encabezada por una funcionaria identificada como hija de la actual secretaria de Gobernación y por un exintegrante de la Ayudantía Presidencial que, según el reportaje, no contaba con experiencia previa en el sector hídrico.
La investigación señala que el centro de la red empresarial es Ferroclin U&Q, una compañía constituida en 2014 en la notaría de Adán Augusto López cuando se desempeñaba como notario público en Tabasco.
Según el trabajo periodístico de MCCI, la empresa fue incorporada en enero de 2026 a la lista definitiva de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) del SAT, después de haber recibido contratos por más de 329 millones de pesos de Conagua entre 2019 y 2023.
El reportaje sostiene que, pese a esa clasificación fiscal, tanto Ferroclin U&Q como otras compañías relacionadas continúan participando en procedimientos de contratación pública federal.
La investigación de Iván Alamillo expone que las diez empresas comparten vínculos corporativos mediante accionistas, administradores, gerentes, comisarios y fedatarios públicos, elementos que, según el reportaje, permiten identificar una estructura empresarial interconectada que habría participado de manera recurrente en licitaciones vinculadas a proyectos hidráulicos prioritarios del gobierno federal.
Entre las obras mencionadas por MCCI se encuentran la construcción de la presa Santa María en Sinaloa, la ampliación del Distrito de Riego del pueblo Yaqui en Sonora y los trabajos relacionados con el Distrito de Riego de la presa Picachos, también en territorio sinaloense.
Uno de los casos documentados por la investigación es el de Jylco Construcciones, una empresa originalmente adquirida en 2008 por Marco Antonio Juárez Altamirano, un arquitecto originario de Acapulco.
De acuerdo con el trabajo periodístico de MCCI, Juárez Altamirano falleció en febrero de 2022 tras enfrentar complicaciones derivadas de COVID-19 y dificultades económicas.
Sin embargo, la investigación señala que antes de su fallecimiento la empresa obtuvo un contrato por 177 millones de pesos otorgado por Conagua para la construcción de los primeros kilómetros del canal principal de la margen izquierda del río Presidio, en Sinaloa.
El reportaje indica que el contrato fue adjudicado en mayo de 2021 y sostiene que para entonces la empresa ya se encontraba bajo control de empresarios tabasqueños.
La hermana del arquitecto, citada por MCCI, afirmó desconocer que la compañía familiar se hubiera convertido en contratista de gran escala del gobierno federal.
Según la investigación de Iván Alamillo, la red empresarial analizada carecía de antecedentes en la ejecución de infraestructura hidráulica antes de comenzar a recibir contratos relacionados con proyectos estratégicos impulsados durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
El trabajo periodístico también sostiene que varias de las compañías involucradas aparentaban competir entre sí en procedimientos de contratación, pese a mantener relaciones corporativas y administrativas.
La publicación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad coloca nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de contratación pública en obras de infraestructura hídrica y plantea cuestionamientos sobre los controles aplicados en la adjudicación de recursos federales.
Hasta el momento de la publicación de la investigación, MCCI señala que la red empresarial identificada continúa participando en licitaciones gubernamentales, pese a que una de sus compañías centrales fue declarada por la autoridad fiscal como empresa facturera.
La investigación fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y desarrollada por el periodista Iván Alamillo, quien documentó la integración de la red empresarial, los contratos obtenidos con Conagua y los vínculos corporativos existentes entre las compañías involucradas.