Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizada por los periodistas Yusmany Sánchez y Eduardo Marguth, documentó que el presupuesto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) registra una reducción acumulada de 25.08 por ciento desde el inicio del sexenio de 2018, lo que, de acuerdo con el análisis, ha limitado la capacidad operativa de la institución encargada de la política lingüística del país.
El trabajo periodístico expone que, pese al discurso oficial sobre la protección de los pueblos indígenas y el reconocimiento de la diversidad cultural de México, las asignaciones presupuestales destinadas al INALI muestran una tendencia descendente durante los últimos tres sexenios. La investigación señala que el instituto pasó de contar con presupuestos promedio superiores a los 86 millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto a un promedio de 48 millones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de 41.44 millones de pesos en los primeros años de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.
La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, firmada por Yusmany Sánchez y Eduardo Marguth, sostiene que el comportamiento presupuestal refleja una continuidad en la política de recursos para el organismo, sin incrementos que correspondan a las responsabilidades que le fueron conferidas por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
El análisis también revisa el presupuesto destinado a servicios personales, correspondiente al capítulo 1000, y concluye que, aunque el gasto ha permanecido relativamente estable, la mayor parte de los recursos continúa orientándose al pago de personal, sin un fortalecimiento financiero que permita ampliar programas, investigación, capacitación de intérpretes o acciones de revitalización de las lenguas indígenas. Según el documento, ello reduce la capacidad institucional para atender comunidades con idiomas en riesgo de desaparición y limita la continuidad de proyectos estratégicos.
Uno de los apartados del trabajo periodístico plantea que el debilitamiento financiero del INALI también se refleja en la implementación de políticas públicas recientes. Como ejemplo, menciona la estrategia denominada «Casas de Lengua Indígena», cuya operación y financiamiento quedaron a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), pese a que el INALI es el organismo especializado en materia de política lingüística. La investigación advierte que esta decisión dejó fuera al instituto de una de las principales acciones federales para la preservación de las lenguas originarias.
La investigación recuerda además que en 2019 surgió una propuesta para que el INPI absorbiera al INALI dentro de la política federal de austeridad. Aunque la iniciativa no prosperó y el organismo conservó su autonomía, los autores sostienen que esa permanencia institucional no estuvo acompañada de un fortalecimiento presupuestal.
En sus conclusiones, la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, elaborada por Yusmany Sánchez y Eduardo Marguth, advierte que existe una diferencia entre el reconocimiento jurídico de los derechos lingüísticos y los recursos destinados para garantizar su ejercicio. El documento señala que la reducción acumulada de 25.08 por ciento en el presupuesto del INALI durante los últimos trece años representa un debilitamiento sostenido de la política lingüística nacional y ocurre en un contexto en el que, de acuerdo con datos del INEGI citados en el estudio, continúa el desplazamiento y la pérdida de lenguas indígenas en México.