Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), elaborada por la especialista Cynthia Dehesa, sostiene que la cancelación del proyecto turístico Perfect Day en Mahahual, Quintana Roo, representa un precedente sobre los límites del modelo de desarrollo sustentado en megaproyectos, la explotación ambiental y prácticas vinculadas con la corrupción.
El trabajo periodístico de Cynthia Dehesa, publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, señala que la decisión de frenar el proyecto fue resultado de la movilización de habitantes de Mahahual y de organizaciones ambientalistas, quienes cuestionaron el impacto que tendría la obra sobre el territorio y los ecosistemas de la región.
De acuerdo con la investigación de MCCI, la cancelación obliga a revisar el modelo de crecimiento económico impulsado durante décadas en Quintana Roo y plantea una discusión sobre los mecanismos mediante los cuales algunos megaproyectos han obtenido autorizaciones en un contexto marcado por actos de corrupción y debilidad institucional.
La investigación periodística de Cynthia Dehesa expone que el desarrollo turístico del estado permitió durante años que el capital privado definiera buena parte del rumbo económico de la entidad, mientras los gobiernos enfrentaban problemas de corrupción. El reportaje recuerda que dos exgobernadores de Quintana Roo fueron encarcelados y que distintos casos de saqueo afectaron a las comunidades del estado.
Uno de los principales planteamientos de la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es que la inversión, por sí sola, no garantiza desarrollo. El análisis sostiene que proyectos de gran escala han generado desplazamiento de comunidades, incremento en el costo de la vivienda, precarización laboral y concentración de beneficios económicos en pocos actores, al tiempo que incrementan la presión sobre ecosistemas estratégicos.
El trabajo de Cynthia Dehesa afirma que la comunidad de Mahahual comprendió que la promesa de desarrollo económico frecuentemente se traduce en empleos precarios, subsidios indirectos a empresas privadas, explotación de recursos naturales y desplazamiento de la población local.
Asimismo, la investigación de MCCI sostiene que quienes lograron detener el proyecto no fueron campañas mediáticas ni presiones externas, sino una comunidad organizada que defendió su territorio y que hizo valer los instrumentos legales disponibles en materia de ordenamiento territorial y protección ambiental.
La investigación también sostiene que la certeza jurídica no se debilita cuando las autoridades rechazan proyectos que no cumplen con el marco normativo. Por el contrario, argumenta que el cumplimiento de la legislación fortalece la confianza institucional y brinda mayores garantías para inversiones que respeten los criterios ambientales y sociales.
En ese sentido, Cynthia Dehesa destaca que la participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental encuentra respaldo en el Acuerdo de Escazú y que Quintana Roo desarrolla mecanismos de gobernanza ambiental orientados a fortalecer la transparencia y el cumplimiento de la legislación.
Otro de los hallazgos expuestos en la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es que las comunidades turísticas muestran cada vez menor disposición a aceptar modelos económicos basados en salarios bajos, desplazamiento de habitantes y deterioro del entorno natural, por lo que la sostenibilidad social y ambiental se ha convertido en un factor determinante para la viabilidad de nuevos proyectos.
Como conclusión, el trabajo periodístico de Cynthia Dehesa plantea que Quintana Roo enfrenta una decisión sobre el modelo de desarrollo que seguirá en las próximas décadas. La investigación sostiene que el reto ya no consiste únicamente en atraer inversión, sino en garantizar que ésta fortalezca el tejido social, proteja el patrimonio natural y distribuya sus beneficios entre las comunidades donde se desarrolla, evitando reproducir esquemas asociados con corrupción, desigualdad y deterioro ambiental.