Una investigación periodística publicada por el portal El CEO y realizada por el periodista Sergio Rincón plantea cuestionamientos sobre el modelo de colaboración entre la Fundación Carlos Slim y diversas instituciones públicas de salud, al advertir que los convenios para la donación de equipos y plataformas digitales podrían abrir la puerta a que información clínica de millones de mexicanos quede bajo esquemas de propiedad intelectual vinculados a la organización filantrópica.
De acuerdo con el reportaje, titulado “La Fundación Carlos Slim se ‘apodera’ de datos de la salud de mexicanos a cambio de tecnología”, entre 2020 y 2025 la fundación destinó más de 557 millones de pesos a la entrega de equipo médico, computadoras y herramientas tecnológicas para hospitales y centros de salud estatales y federales. A través de esos sistemas se recopila información relacionada con embarazadas, recién nacidos, niñas y niños, así como pacientes con enfermedades crónicas.
La investigación de El CEO, basada en el estudio Salud deteriorada: opacidad y negligencia en el sistema público de salud, elaborado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señala que existen convenios y documentos públicos que permiten interpretar que la información generada por algunas de estas plataformas podría quedar sujeta a derechos de propiedad intelectual del Instituto Carlos Slim de la Salud mediante instrumentos denominados “convenios modificatorios”.
Uno de los principales ejes del trabajo periodístico de Sergio Rincón es el funcionamiento del sistema MIDO, una plataforma registrada por la Fundación Carlos Slim que opera desde 2012 en coordinación con la Secretaría de Salud federal y al menos 27 instituciones estatales. El modelo utiliza algoritmos e inteligencia artificial para identificar factores de riesgo, apoyar la detección de enfermedades y ofrecer seguimiento a pacientes.
Sin embargo, la investigación refiere que, pese a más de una década de funcionamiento, no existe información pública suficiente para evaluar el impacto de esta herramienta en la prevención y monitoreo de enfermedades crónicas, además de señalar que las autoridades sanitarias han mantenido bajo reserva diversas bases de datos argumentando limitaciones tecnológicas para anonimizar la información.
El reportaje de El CEO destaca que la propia Fundación Carlos Slim respondió a ese medio de comunicación que los datos compartidos con las instituciones de salud ya se encuentran anonimizados y que la información generada mediante el sistema MIDO es propiedad de las dependencias públicas, rechazando cualquier uso comercial o restricción sobre su aprovechamiento.
No obstante, la investigación periodística señala que documentos obtenidos por el equipo de reporteros muestran cláusulas distintas. En los convenios localizados en entidades como Coahuila, Jalisco y Baja California se establece que la información relacionada con dichas tecnologías será propiedad intelectual del Instituto Carlos Slim de la Salud y que las secretarías estatales no podrán utilizar información considerada confidencial durante un periodo determinado sin autorización.
El trabajo elaborado por Sergio Rincón también subraya que MCCI solicitó, mediante mecanismos de transparencia, acceso a los convenios modificatorios suscritos con las autoridades sanitarias; sin embargo, varios institutos de salud respondieron que la documentación era inexistente o negaron su entrega.
La investigación de El CEO aborda además la relación entre la Fundación Carlos Slim y la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), organización de la cual es uno de sus principales financiadores. Con base en estudios elaborados por la organización Empower, el reportaje refiere que Funsalud ha sido señalada por realizar actividades de cabildeo e influir en políticas públicas relacionadas con medicamentos, alimentos, tabaco y otros sectores vinculados con la salud.
En este contexto, el reportaje recuerda que Carlos Slim Helú y Marco Antonio Slim Domit forman parte de la Asamblea General de Asociados de Funsalud y que, entre 2020 y 2025, la Fundación Carlos Slim aportó más de 70 millones de pesos a esa organización. Asimismo, menciona antecedentes documentados por Empower sobre la participación de actores privados en decisiones de política sanitaria, particularmente durante la administración del entonces secretario de Salud, Julio Frenk.
Otro de los aspectos destacados por la investigación es la presencia del Grupo Carso en el sector privado de la salud. El reportaje señala que empresas vinculadas al conglomerado participan en la construcción y administración de hospitales operados por Star Médica, además de desarrollar una red de consultorios, laboratorios y servicios médicos bajo la marca Vivo Entorno Médico.
Frente a estos señalamientos, la Fundación Carlos Slim reiteró a El CEO que la información procesada a través de sus plataformas pertenece a las instituciones públicas de salud y sostuvo que “no hay ninguna distribución ni comercialización de la misma”. Además, afirmó que los convenios de colaboración tienen como único propósito fortalecer la operación y la toma de decisiones del sistema sanitario.
La investigación periodística publicada por El CEO concluye que el principal problema identificado no radica únicamente en el uso de plataformas tecnológicas privadas dentro del sistema público de salud, sino en la ausencia de instrumentos jurídicos suficientemente claros y transparentes que definan la propiedad, el acceso y la protección de los datos clínicos de la población, así como los mecanismos para evitar posibles conflictos de interés entre instituciones públicas y actores privados.