La decisión de Estados Unidos de no extender la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta 2042 abrió un periodo de revisiones anuales que se prolongará hasta 2036, pero el cambio no ha modificado las condiciones jurídicas que protegen el comercio y la inversión en Norteamérica ni ha provocado reacciones significativas en los mercados financieros, de acuerdo con un análisis publicado por El Economista.
El documento señala que, aunque el anuncio incrementó la incertidumbre política y comercial, el tratado continúa vigente y mantiene los mecanismos que brindan certeza a las inversiones en la región. Como muestra de ello, ni el tipo de cambio ni el riesgo soberano de México registraron movimientos relevantes, lo que refleja que los mercados ya descontaban este escenario y no anticipan una ruptura inmediata del acuerdo.
El análisis explica que, además del intercambio de bienes y servicios, los tratados comerciales incorporan capítulos específicos para proteger las inversiones mediante estándares internacionales y mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados. Sin embargo, advierte que el T-MEC ofrece un nivel de protección menor al que contemplaba el extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), debido a que restringió el acceso al arbitraje internacional como parte de la estrategia impulsada durante la primera administración de Donald Trump para incentivar el regreso de inversiones a territorio estadounidense mediante políticas de reshoring.
Aun con esas restricciones, el mecanismo conserva relevancia para México porque Estados Unidos continúa siendo el principal origen de la inversión extranjera directa. Tan sólo durante el primer trimestre de 2026 aportó 10 mil 200 millones de dólares, equivalentes al 43 por ciento del total de la inversión recibida por el país. El estudio también refiere que desde la entrada en vigor del T-MEC continúan presentándose controversias relacionadas principalmente con reclamaciones transitorias heredadas del TLCAN, especialmente en sectores estratégicos como energía e infraestructura.
El documento destaca que otros inversionistas mantienen esquemas amplios de protección jurídica mediante acuerdos distintos al T-MEC. Las inversiones provenientes de Canadá están respaldadas por el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), mientras que las inversiones europeas quedarán bajo un régimen uniforme cuando entre en vigor el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, firmado en mayo de 2026. En conjunto, esa red de tratados mantiene la certidumbre jurídica como uno de los principales activos del país para atraer capital extranjero.
El análisis advierte que no existen señales de que Washington busque ampliar la protección a sus inversionistas dentro del T-MEC y apunta que la administración de Donald Trump ha concentrado su estrategia en fortalecer los mecanismos de revisión de inversiones por razones de seguridad nacional, particularmente para impedir que economías consideradas de «no mercado», como China, utilicen a México como plataforma de acceso preferencial al mercado estadounidense.
Como conclusión, el estudio sostiene que el futuro de la inversión extranjera dependerá menos de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales y más de las condiciones internas que México sea capaz de ofrecer. Si bien los acuerdos comerciales pueden reducir el riesgo jurídico, la decisión de invertir seguirá sustentándose en la estabilidad regulatoria, la fortaleza de las instituciones y la existencia de un Estado de derecho que proporcione certidumbre de largo plazo