Un informe de International Crisis Group, organización independiente dedicada a prevenir guerras y diseñar políticas para fortalecer la paz, documenta un incremento sostenido del reclutamiento de niños por parte de grupos armados y criminales en Colombia, fenómeno que ha transformado el conflicto interno y que afecta de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrocolombianas y poblaciones asentadas en zonas de disputa territorial. El documento señala que “el reclutamiento de niños para luchar en grupos armados y criminales ha aumentado en toda Colombia durante la última década” y advierte que esta práctica constituye un crimen de guerra susceptible de ser investigado por la Corte Penal Internacional.
El análisis indica que, tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, el país experimentó una reducción temporal en el número de menores vinculados a grupos armados. Sin embargo, la salida de la antigua guerrilla dejó vacíos de poder que fueron ocupados por organizaciones ilegales que ampliaron sus operaciones y reforzaron sus estructuras mediante la captación de menores. Según el informe, “en 2024 se reportaron más de 620 casos” , aunque la cifra real podría ser mayor debido al temor de las familias a denunciar.
El documento detalla que los grupos armados utilizan estrategias diversas para atraer a los menores, desde promesas de bienes materiales hasta la manipulación emocional y la explotación de vulnerabilidades familiares. En zonas como Cauca, Catatumbo y Guaviare, los reclutadores se acercan a escuelas y espacios comunitarios, lo que ha convertido estos entornos en puntos de captación. El informe señala que “los grupos armados han transformado el aula… en un lugar de reclutamiento forzado” , situación que se agravó durante los cierres escolares por la pandemia de COVID‑19.
International Crisis Group también documenta la existencia de redes estructuradas de reclutamiento que operan con cuotas, pagos y sistemas de traslado de menores a zonas de expansión o conflicto. El texto afirma que “los niños son productos para la venta” y que algunos grupos mantienen registros detallados de los menores en sus filas, lo que evidencia conocimiento pleno de la ilegalidad de estas prácticas.
El informe describe que los niños reclutados son enviados a primera línea de combate, utilizados en tareas de vigilancia, logística o manejo de explosivos, y expuestos a riesgos extremos. Las niñas enfrentan además violencia sexual sistemática y coerción afectiva como mecanismo de control. Las consecuencias para quienes logran escapar o ser rescatados son graves: amenazas, estigmatización comunitaria, riesgo de reclutamiento repetido y dificultades para reintegrarse a la vida civil.
El documento advierte que la respuesta estatal ha sido insuficiente, fragmentada y lenta. Aunque existen programas como “Atrapasueños” y mecanismos de recuperación administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estos no alcanzan a cubrir la magnitud del problema. El informe señala que “las instituciones estatales colombianas han tenido dificultades para atender el creciente número de casos” y que la falta de recursos, coordinación y capacidad de reacción inmediata limita la protección de los menores.
International Crisis Group recomienda fortalecer la prevención en escuelas y comunidades, ampliar la definición legal de reclutamiento para incluir a menores utilizados por estructuras criminales urbanas, mejorar la capacidad investigativa del Estado y garantizar programas de recuperación con enfoque en salud mental y protección integral. También subraya que el reclutamiento infantil debe ser una línea roja en cualquier negociación con grupos armados.
El informe concluye que el reclutamiento de menores no solo constituye una violación grave de derechos humanos, sino que erosiona la cohesión social y consolida el control territorial de organizaciones armadas. “El reclutamiento destruye la confianza dentro de las comunidades y allana el camino para que los grupos armados y criminales refuercen su control” , advierte el documento, que llama a una acción urgente y coordinada para proteger a la niñez en riesgo y evitar que el conflicto siga profundizándose.
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