Un análisis elaborado por Cristal Downing, directora de Proyectos sobre Género y Conflicto de International Crisis Group, expone cómo la administración Trump ha introducido una política que reconfigura el uso de la asistencia exterior estadounidense y coloca bajo presión directa a los programas de la ONU vinculados con género, paz y seguridad. El documento sostiene que la llamada Política para la Promoción del Florecimiento Humano en la Asistencia Exterior no solo amplía la histórica política de la Ciudad de México, sino que establece un mecanismo que condiciona incluso los fondos aportados por otros países cuando una entidad multilateral recibe financiamiento voluntario de Estados Unidos.
El informe señala que, antes de la entrada en vigor de esta norma, la labor de la ONU en materia de Mujeres, Paz y Seguridad ya enfrentaba recortes y cuestionamientos. Downing subraya que la nueva política incorpora tres directrices —“proteger la vida”, “combatir la ideología de género” y “combatir la ideología discriminatoria de equidad”— que buscan alinear toda la asistencia exterior con las posiciones del gobierno estadounidense. Según el documento, la administración dejó claro que la política “restringe las actividades financiadas por otras fuentes”, lo que implica que cualquier entidad que reciba fondos estadounidenses deberá garantizar que ningún recurso, sin importar su origen, se utilice en actividades que contradigan la norma.
El texto advierte que el incumplimiento “puede llevar a la retirada de la financiación y a la exigencia de devolver a los EE. UU. los fondos ya gastados”, lo que genera un efecto disuasorio entre organizaciones que dependen de financiamiento internacional. Crisis Group destaca que esta expansión podría abarcar hasta 40 mil millones de dólares en asistencia exterior y, por primera vez, aplicarse a contribuciones voluntarias dirigidas a organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y ONG estadounidenses.
Impacto directo en programas de género, salud y protección en contextos de conflicto
El análisis de Downing identifica que la política coloca bajo riesgo programas esenciales de la ONU, especialmente aquellos vinculados con la atención a sobrevivientes de violencia sexual, la participación de mujeres en procesos de paz y la protección de personas LGBTQI+ en contextos de crisis. El documento cita la preocupación de funcionarios de la ONU, quienes consideran “extremadamente difícil, prácticamente imposible” garantizar que las organizaciones locales asociadas no realicen actividades que la norma estadounidense pueda interpretar como violatorias, lo que podría llevar a suspender colaboraciones críticas en zonas de conflicto.
Crisis Group también advierte que la política podría afectar la labor de ACNUR con personas LGBTQI+ refugiadas, ya que Estados Unidos podría interpretar estos programas como un intento de “otorgar estatus legal especial o protecciones basadas en la identidad de género”. Asimismo, la promesa estadounidense de 2 mil millones de dólares para OCHA enfrenta incertidumbre, pues su implementación obligaría a que todas las entidades receptoras cumplan con la norma, incluso cuando operan en contextos donde la supervisión es limitada o inviable.
Presiones internas sobre la ONU y tensiones con otros donantes
El informe señala que la política también podría utilizarse para cuestionar prácticas internas de la ONU, como las directrices de paridad de género, el reclutamiento de países subrepresentados o el uso de lenguaje inclusivo. Diez países —entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania y Suecia— advirtieron en una carta que la norma podría “restringir la prestación de servicios sociales y de salud esenciales” y “socavar la igualdad de género y el pleno disfrute de los derechos humanos”.
Crisis Group subraya que el precedente es significativo: Estados Unidos estaría utilizando restricciones financieras para influir en cómo otros Estados destinan sus propios recursos dentro del sistema multilateral. El análisis plantea que, ante la crisis financiera de la ONU, existe el riesgo de que las agencias acepten fondos que podrían resultar más perjudiciales que beneficiosos.
Llamado a una respuesta colectiva
Downing propone que la ONU realice una evaluación sistemática sobre el impacto de la política en tres áreas:
- la labor sustantiva en género y protección,
- los procedimientos internos de contratación y empleo,
- y los costos administrativos derivados del cumplimiento.
El informe sostiene que los Estados miembros que respaldan la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad deben impulsar esta evaluación y coordinar acciones para contrarrestar los efectos de la política estadounidense. Crisis Group recuerda que, en negociaciones recientes, Estados Unidos ha cedido en algunos puntos cuando otros miembros del Consejo de Seguridad actuaron de manera conjunta, lo que sugiere que existen márgenes de maniobra diplomática.
El análisis concluye que limitar el alcance de la política estadounidense es fundamental para preservar la capacidad de la ONU de proteger y promover la igualdad de mujeres y niñas en contextos de conflicto, así como para evitar que se consolide un precedente que permita a cualquier Estado influir unilateralmente en la programación multilateral.
Nota elaborada a partir del análisis de International Crisis Group, organización independiente dedicada a prevenir guerras y diseñar políticas para un mundo más pacífico, y del trabajo de Cristal Downing.