La Cámara de Diputados abrió un nuevo capítulo en la discusión legislativa sobre desapariciones en México con la presentación de una iniciativa de la diputada Ivonne Ruiz Moreno, del PRI, que propone reconocer en la Constitución el derecho de toda persona desaparecida —y de quienes sufran un perjuicio directo por ese hecho— a una búsqueda inmediata, efectiva y orientada a la localización, identificación y entrega digna.
La legisladora planteó que las personas desaparecidas deben conservar su personalidad jurídica, condición indispensable para garantizar el ejercicio de sus derechos mientras se desconoce su paradero. Explicó que cualquier persona reportada como desaparecida o no localizada, sin importar si existe o no un delito asociado, debe recibir una respuesta institucional mediante los distintos tipos de búsqueda previstos en la ley: inmediata, individualizada, generalizada, de patrones, de identificación humana y de familia.
Ruiz Moreno subrayó que este derecho es autónomo respecto del derecho a la investigación penal y debe asumirse como una finalidad propia del derecho a la verdad. Para ello, señaló, las autoridades deberán adoptar todas las medidas necesarias para determinar la suerte o paradero de la persona, con la participación coordinada de comisiones de búsqueda, fiscalías, órganos judiciales y demás instituciones competentes.
La diputada advirtió que el sistema actual falla de manera crítica en las llamadas horas doradas, las primeras 48 a 72 horas tras la desaparición, cuando la burocracia retrasa la activación de protocolos y reduce las posibilidades de rastrear la movilidad de la víctima en tiempo real. Mientras las familias enfrentan trámites engorrosos y estigmatización, dijo, se pierden oportunidades clave para una búsqueda efectiva.
Recordó que el propio Gobierno de México ha reconocido la crisis nacional en materia de desapariciones y ha establecido como prioridad la búsqueda de personas. En ese sentido, enfatizó que la búsqueda en vida requiere herramientas de inteligencia como geolocalización inmediata, análisis de comunicaciones, acceso a videovigilancia y ciberinteligencia para detectar posibles redes de trata o reclutamiento forzado.
La propuesta plantea adicionar los párrafos X, XI y XII al artículo 17 de la Constitución, con el objetivo de establecer de manera explícita la obligación del Estado de realizar una búsqueda diligente, coordinada y simultánea desde el primer momento.
La discusión legislativa se perfila como una de las más relevantes del periodo, en un contexto donde las familias de personas desaparecidas exigen respuestas más rápidas y un marco jurídico que garantice acciones inmediatas y efectivas.