El pleno del Senado de la República inicio el debate sobre la reforma constitucional a la Guardia Nacional, que establece claramente el mandato, facultades, estructura y límites de esta institución.
Los cambios a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política tienen el objetivo de dotar al Estado mexicano de una fuerza de seguridad pública disciplinada y profesional, que permita enfrentar los desafíos a la seguridad y las amenazas que representa el crimen organizado.
El dictamen, derivado de la minuta que envió al Senado la Cámara de Diputados, dispone que la Federación cuente con la Guardia Nacional, definida como la fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia.
Al presentar el proyecto de decreto, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Citlalli Hernández Mora, dejó en claro que se adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para sujetarla al mando militar, pero con mecanismos de supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno que garanticen una dirección de carácter civil.
Explicó que esta institución estará a cargo de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, formulada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una autoridad de carácter civil.
La senadora dijo que también se faculta el Poder Legislativo para expedir las disposiciones secundarias y brindar certeza jurídica a la participación auxiliar del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en labores de seguridad interior y de seguridad pública.
Citlalli Hernández Mora afirmó que la reforma fortalece la corresponsabilidad institucional y, por lo tanto, el republicano equilibrio de poderes, al disponer que tanto la Comisión Permanente como el Senado de la República ratifiquen el nombramiento de coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales que, en su caso, nombre la Presidencia de la República.
“Estas reformas son para atender la necesidad de que el Poder Ejecutivo cuente con una herramienta flexible y eficaz para atender amenazas tanto de seguridad pública, como de seguridad nacional”, expresó.
La legisladora dijo que también se reconocen los derechos, prestaciones y seguridad social a quienes prestan sus servicios en la Guardia Nacional, en igualdad de condiciones frente a quienes forman parte de las Fuerzas Armadas.
Y se incluye a la Guardia Nacional como una fuerza que actúe bajo la conducción del Ministerio Público en la investigación de los delitos. “Esto es crucial, porque la Guardia Nacional tiene un alcance nacional y la capacidad operativa para hacer frente al crimen organizado y a otras formas de violencia que afectan a diversas regiones del país”.
Susana Zatarain García, del PAN, y Cynthia Iliana López Castro, del PRI, presentaron una moción para suspender la discusión del dictamen, porque consideraron que la reforma debilita el Estado mexicano y perpetua un modelo en el que la Guardia Nacional no podrá consolidarse como una fuerza independiente, pero, con 40 votos a favor y 74 en contra, no fue aceptada por la asamblea.