En una de las decisiones de mayor impacto para la vida institucional electoral de Michoacán, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la remoción de consejeras y consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), incluido su presidente, al considerar acreditada una violación al principio de legalidad derivada de la designación temporal de una persona al frente del Órgano Interno de Control, facultad que correspondía exclusivamente al Congreso del Estado.
La resolución fue aprobada por mayoría calificada con ocho votos a favor y tres en contra, luego de una discusión que evidenció dos visiones opuestas dentro del máximo órgano electoral del país: una que defendió la aplicación estricta de la ley y otra que advirtió sobre las consecuencias operativas y políticas que la decisión podría generar a pocos meses de un proceso electoral complejo en Michoacán.
El debate inició con una de las advertencias más severas de la sesión. El consejero Uuc-kib Espadas sostuvo que el INE estaba por tomar una determinación con consecuencias que podrían trascender la sanción a los funcionarios involucrados. Reconoció la existencia de irregularidades, pero cuestionó que la conducta acreditada justificara la máxima sanción prevista por la legislación electoral.
Espadas argumentó que la designación provisional cuestionada tuvo una duración limitada y que durante ese periodo no se registraron impugnaciones, quejas ni decisiones controvertidas derivadas de la actuación del encargado. Desde su perspectiva, la remoción resultaba desproporcionada frente a los hechos acreditados.
Sin embargo, su principal preocupación se centró en el futuro inmediato del órgano electoral michoacano. Alertó que la destitución de cinco de siete integrantes del Consejo General del IEM, incluida la presidencia, obligaría al INE a iniciar un proceso acelerado de designaciones sin la certeza de alcanzar los consensos necesarios para nombrar a los sustitutos. Recordó que en procesos anteriores el propio Consejo General enfrentó dificultades para construir mayorías calificadas y advirtió que un escenario similar podría dejar incompleta la integración del organismo electoral estatal.
“Estaríamos ante cinco consejeros nuevos, incluyendo a quien ocupe la presidencia, que en dos meses tendrían que organizar una elección en uno de los estados más complejos del país”, expuso durante su intervención. También señaló que, en caso de no concretarse los nombramientos, el INE tendría que asumir directamente funciones que actualmente desarrolla el órgano local, situación que, dijo, pondría en riesgo la calidad de la organización electoral en Michoacán.
La postura opuesta fue encabezada por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, quien sostuvo que el caso no podía interpretarse como una diferencia de criterio o una falta administrativa menor. En su intervención afirmó que los integrantes del IEM ejercieron una atribución que no les correspondía y que la legalidad no puede flexibilizarse bajo argumentos de urgencia o conveniencia institucional.
“La ley no se violenta a medias, se violenta”, afirmó Taddei al respaldar el proyecto de remoción. Señaló que el hecho quedó acreditado porque el Consejo General del IEM aprobó y ejecutó el nombramiento de una persona para encabezar temporalmente el órgano de control interno, aun cuando esa facultad estaba reservada al Congreso de Michoacán.
La presidenta del INE sostuvo que la gravedad radica en que el propio organismo sujeto a fiscalización intervino en la designación de quien debía supervisarlo, lo que, a su juicio, vulneró la autonomía del órgano de control y la distribución constitucional de competencias entre autoridades. Añadió que los consejeros conocían plenamente el procedimiento legal para la designación del titular del área, ya que el propio IEM había remitido previamente la documentación correspondiente al Congreso estatal.
A esa posición se sumó la consejera Carla Humphrey, quien advirtió que una decisión distinta enviaría una señal equivocada a los organismos electorales locales. Consideró acreditada la violación a la legalidad y sostuvo que no sancionar la conducta generaría un precedente que podría repetirse en otros estados. Aunque reconoció las dificultades que implicará el proceso de sustitución de los consejeros removidos, afirmó que el Consejo General debía actuar frente a una infracción plenamente demostrada.
Durante la sesión también se informó la renuncia voluntaria e irrevocable de la consejera Silvia Verónica Mauricio Salazar, presentada antes de la votación definitiva. Ante ello, el consejero Jorge Montaño propuso sobreseer parcialmente el procedimiento únicamente respecto de ella, al considerar que ya no existía materia para aplicar una sanción de remoción. La propuesta fue incorporada al acuerdo y aprobada por mayoría calificada.
Con la votación final, el INE concretó una reconfiguración profunda del órgano electoral michoacano en un momento particularmente sensible para la organización de futuros comicios. La decisión no sólo implica la salida de la mayoría de los integrantes del Consejo General del IEM, sino que abre una etapa de nombramientos que deberá resolverse en plazos reducidos y bajo la presión de garantizar la estabilidad operativa del sistema electoral en Michoacán.
El resultado deja planteado un escenario de incertidumbre institucional. Mientras la mayoría del Consejo General defendió la necesidad de sancionar una actuación considerada fuera del marco legal, las voces disidentes alertaron que el remedio podría generar efectos de largo alcance sobre la capacidad operativa del árbitro electoral michoacano y, en consecuencia, sobre la organización de las próximas elecciones en la entidad.