La Iglesia en México denunció que la violencia criminal está provocando el desplazamiento forzado de comunidades, particularmente de pueblos originarios y afromexicanos, y advirtió sobre la existencia de una “gobernanza criminal” en territorios donde grupos delictivos imponen condiciones mediante amenazas, extorsiones, desapariciones, trata de personas, asesinatos y reclutamiento forzado.
El señalamiento fue incluido en un comunicado suscrito por cuatro obispos y un sacerdote de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, en sus dimensiones de Pastoral de Movilidad Humana y Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos, al término del Encuentro de Personas Desplazadas y Acompañantes de Pueblos Originarios y Afromexicanos, realizado del 3 al 6 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El documento plantea que el desplazamiento forzado no es un fenómeno reciente en México. La Iglesia identifica como antecedentes las invasiones, el despojo de tierras, proyectos de infraestructura, actividades extractivas y agroextractivas, pero señala que actualmente el control criminal de los territorios constituye uno de los principales factores que obligan a las comunidades a abandonar sus lugares de origen.
“La gobernanza criminal sobre nuestros territorios sigue forzando a los pueblos a huir”, expone el comunicado, al señalar que las organizaciones delictivas no solamente generan violencia, sino que intervienen en la vida cotidiana de las comunidades y las someten mediante “amenazas, intimidación, extorsión, miedo, desaparición, trata de personas, asesinatos y masacres”.
La Iglesia también denunció prácticas como la división de comunidades, la imposición y distribución de drogas, la obligación de participar en actividades ilícitas, las desapariciones, la trata de personas y el reclutamiento forzado.
Exigen reconocer el desplazamiento
Ante este escenario, los representantes eclesiásticos demandaron al Estado mexicano reconocer formalmente la existencia del desplazamiento forzado, establecer mecanismos de prevención y garantizar atención integral a las personas que han tenido que abandonar sus comunidades.
El comunicado sostiene que los pueblos tienen tanto el derecho a permanecer en sus territorios como a desplazarse sin ser víctimas de agresiones. Para las comunidades afectadas, los territorios representan espacios de identidad y pertenencia, además de ser considerados lugares “sagrados, ancestrales y colectivos”.
“Exigimos que el Estado mexicano asuma la responsabilidad que le corresponde”, señalaron los firmantes. También reclamaron que esta problemática sea reconocida “sin eufemismos” y que se establezca un marco jurídico acompañado de políticas públicas para prevenir y atender el desplazamiento.
El pronunciamiento ocurre mientras desde el ámbito gubernamental se sostiene una narrativa vinculada con la construcción de paz, pero la Iglesia advierte que en distintas comunidades persisten condiciones de violencia que obligan a las personas a abandonar sus territorios.
Los representantes religiosos plantearon que la respuesta institucional debe contemplar tanto la protección de quienes permanecen en sus comunidades como la atención de quienes ya fueron desplazados, además de medidas para evitar nuevas expulsiones.
“Queremos una tierra y territorio donde habiten la justicia, la paz y la defensa de los débiles”, concluyeron.
El comunicado fue firmado por Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas; José Hiraís Acosta Beltrán, obispo de Huejutla; Eugenio Lira Rugarcía, obispo de Matamoros-Reynosa; Engelberto Polino Sánchez, obispo de Tepic, y el presbítero Gilberto Hernández García, asesor de la Comisión Diocesana de la Tarea Social en la Arquidiócesis de Tuxtla.