La discusión sobre el cierre anticipado del ciclo escolar llegó al ámbito legislativo con cuestionamientos directos al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado. La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, advirtió que la decisión anunciada por la SEP afectará a miles de mujeres solas, jefas de familia y madres trabajadoras, al dejar sin clases a niñas y niños durante casi tres meses sin un proceso previo de consulta.
En conferencia, Huerta cuestionó la sensibilidad institucional frente al impacto social de la medida. “¿Dónde quedamos las madres trabajadoras con nuestros hijos durante tres meses sin consulta previa y de espaldas a la ciudadanía? La SEP de Mario Delgado decidió cerrar este ciclo escolar este cinco de junio por un plumazo político y nos dejan a la deriva”, afirmó.
La legisladora señaló que los argumentos presentados por la SEP —la ola de calor y la organización del Mundial— no corresponden a criterios pedagógicos. Sostuvo que la decisión responde a presiones sindicales. “Esta no es una medida pedagógica, es una concesión política para consentir a la CNTE y lavarse las manos ante la falta de infraestructura para el calor”, dijo. Añadió que, mientras se celebran acuerdos “de escritorio”, las familias enfrentan la incertidumbre sobre quién cuidará a los menores.
Huerta advirtió que el cierre prolongado de escuelas afecta la economía familiar y profundiza el rezago educativo. “Por casi 90 días olvidaron que la escuela es para millones el único espacio seguro”, señaló. Exigió soluciones y no decisiones unilaterales: “La educación y el apoyo a las madres no pueden ser moneda de cambio con los niños y nuestro trabajo no se juega”.
En el ámbito local, la diputada panista Laura Álvarez Soto también criticó la medida, calificándola como una imposición sin consulta a padres de familia. Desde el Congreso capitalino, pidió al gobierno de la Ciudad de México garantizar espacios de cuidado integral para niñas y niños de nivel básico durante el periodo sin clases.
Álvarez Soto solicitó además que la SEP abra periodos de cursos para menores que permanecerán en casa, con el fin de que madres trabajadoras, jefas de familia y padres en general puedan desempeñar sus actividades laborales durante los tres meses previstos sin actividad escolar.
El tema se perfila para continuar en la agenda legislativa, en medio de cuestionamientos sobre la pertinencia de la medida, su impacto social y la ausencia de mecanismos de consulta previa.