Una investigación de EL CEO, en colaboración con CONNECTAS y e-consulta, documentó que instituciones de salud en México transfirieron más de 361.5 millones de pesos a empresas fantasma encargadas de suministrar insumos médicos que nunca llegaron a hospitales. Entre 2018 y 2025, estas compañías de papel obtuvieron 93 contrataciones sin que existiera evidencia de entrega, mientras funcionarios intentaron borrar rastros de las operaciones.
El reportaje revela que tres institutos federales pagaron 314.4 millones de pesos a 26 empresas inexistentes, mientras ocho gobiernos estatales transfirieron 47 millones adicionales. En todos los casos, las compañías simularon domicilios fiscales, abrieron cuentas bancarias y emitieron comprobantes sin sustento, aprovechando la falta de verificación física de proveedores. “Ninguna normativa obliga a los gobiernos a verificar de manera física a sus proveedores”, explicó Sarahí Salvatierra, de Fundar, al señalar que los datos falsos y los objetos sociales amplios facilitaron las operaciones simuladas.
El SAT determinó que estas empresas eran fantasma por ser ilocalizables, emitir comprobantes sin sustento o realizar actividades ajenas a su giro. Sin embargo, la tardanza en las auditorías permitió que operaran durante años. En el caso del IMSS, se registraron 297.5 millones de pesos en transacciones sin evidencia de recepción de insumos. El instituto solo reconoció dos de sus diez proveedores fantasma; del resto negó tener registros.
La investigación detalla que 68 de las 93 contrataciones se realizaron mediante adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, reduciendo la competencia. En otros casos, las empresas ofrecieron precios bajos para ganar licitaciones públicas. También se documentaron procesos exprés, como cinco contrataciones formalizadas en horas por la Secretaría de Salud de Chiapas en diciembre de 2020, o tres contratos otorgados por el IMSS en mayo de 2022 a una empresa que después negó haber entregado productos.
Las consecuencias alcanzaron directamente a hospitales. En Veracruz, personal del IMSS reportó cubrebocas que incumplieron normas oficiales y medicamentos que nunca llegaron durante la pandemia. En Chiapas, la falta de insumos obligó a improvisar tratamientos y retrasar cirugías por meses. Cinco empresas fantasma recibieron 133.1 millones de pesos por equipo de protección y medicinas durante 2020 y 2022.
Pese a la magnitud del fraude, ninguna de las 26 empresas fue incluida en el padrón de proveedores sancionados. El SAT declaró confidencial la información sobre investigaciones y multas por secreto fiscal, lo que impide conocer si hubo acciones contra funcionarios o instituciones. Para Iván Benumea, de Fundar, la recuperación del dinero es prácticamente imposible: “Estas empresas se dedican a mover el dinero y nunca tener activos o ingresos disponibles en sus cuentas bancarias”.
La investigación concluye que el esquema continúa activo: cada vez que una empresa fantasma es inhabilitada, surge otra que aprovecha las fallas del sistema para obtener nuevas contrataciones, sin controles efectivos y con beneficios privados que superan cualquier intento de fiscalización.