La publicación del diario estadounidense Los Angeles Times (LA Times), firmada por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum, colocó un nuevo elemento en la relación entre México y Estados Unidos: la presunta investigación de dos gobernadores en funciones por supuestos vínculos con organizaciones criminales, una acción que, según el reportaje, forma parte de una estrategia más amplia de Washington para dirigir sus esfuerzos no sólo contra los cárteles, sino también contra actores políticos señalados de brindar protección o facilidades a estructuras del narcotráfico.
La historia comienza con una revelación que marca el eje de todo el reportaje publicado por LA Times: los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, habrían sido objeto de investigaciones estadounidenses y, además, les habrían sido revocadas sus visas para ingresar a territorio norteamericano. De acuerdo con Steve Fisher y Kate Linthicum, ambos mandatarios estatales continúan cruzando la frontera mediante permisos especiales denominados “libertad condicional por beneficio público significativo”, una figura utilizada generalmente para personas que colaboran con autoridades estadounidenses.
La publicación sitúa este episodio dentro de una transformación de la política de seguridad impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Según el trabajo periodístico, durante años las agencias estadounidenses concentraron sus esfuerzos en perseguir a líderes criminales y operadores de los cárteles; sin embargo, ahora la atención se estaría desplazando hacia funcionarios públicos y representantes electos considerados piezas clave en la operación de las redes del narcotráfico.
En el relato construido por LA Times, el cambio de estrategia aparece en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países. Mientras Washington intensifica investigaciones contra figuras políticas mexicanas, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que tales acciones constituyen actos de injerencia en asuntos internos y podrían tener implicaciones electorales.
La crónica avanza hacia uno de los momentos centrales del reportaje: la referencia a las acusaciones presentadas meses atrás contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses de colaborar con el Cártel de Sinaloa. Steve Fisher y Kate Linthicum presentan ese antecedente como parte de una secuencia que ahora alcanza a otros gobernadores vinculados políticamente al partido Morena.
En ese escenario surge una de las declaraciones más relevantes retomadas por LA Times. Durante un acto político, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las motivaciones de las investigaciones estadounidenses y planteó públicamente:
“¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado? ¿O acaso estamos presenciando cómo sectores de la ultraderecha estadounidense están utilizando nuestro país para posicionarse de cara a las elecciones de 2026? ¿O pretenden influir en las elecciones de 2027 en nuestro país?”.
La publicación de Steve Fisher y Kate Linthicum dedica especial atención al caso de Alfonso Durazo. El reportaje recuerda su papel como secretario de Seguridad durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su participación en la implementación de la estrategia conocida como “abrazos, no balazos”. De acuerdo con fuentes citadas por LA Times, la visa del mandatario sonorense habría sido cancelada desde el año anterior y existiría una investigación relacionada con presuntos vínculos con el crimen organizado. La oficina del gobernador, según el texto, no respondió a las solicitudes de comentario realizadas por los autores.
Posteriormente, la narrativa se traslada a Tamaulipas. Según la investigación periodística, el expediente relacionado con Américo Villarreal estaría vinculado al tráfico ilegal de combustibles, actividad conocida en México como huachicol. El gobernador rechazó las versiones difundidas y sostuvo que las acusaciones son falsas y carecen de pruebas. En su posicionamiento afirmó haber actuado siempre dentro del marco legal y con transparencia en el ejercicio del servicio público.
A medida que la historia avanza, LA Times describe el impacto político que estas investigaciones podrían generar dentro de Morena. El reportaje señala que diversos integrantes del partido han planteado la conveniencia de tomar distancia de figuras señaladas por autoridades estadounidenses para evitar costos políticos futuros. No obstante, la presidenta Sheinbaum ha mantenido una postura de respaldo institucional hacia los gobernadores cuestionados y ha rechazado la posibilidad de actuar a partir de acusaciones formuladas fuera del sistema judicial mexicano.
Uno de los momentos de mayor tensión descritos por Steve Fisher y Kate Linthicum corresponde al intercambio indirecto entre la presidenta mexicana y el embajador estadounidense Ronald Johnson. Tras las declaraciones de Sheinbaum, el diplomático respondió:
“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Cada momento que dedicamos a convertir este desafío de seguridad común en una disputa política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra alianza y proteger a las personas a las que servimos”.
La crónica también ubica el conflicto dentro de una agenda bilateral más amplia. El reportaje destaca que la confrontación ocurre en vísperas de una revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, un proceso que podría verse influido por el deterioro de la relación política entre ambos gobiernos.
Otro de los pasajes que adquiere relevancia dentro de la publicación de LA Times es la referencia al caso del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna y al antecedente del general Salvador Cienfuegos. Ambos episodios son utilizados por los autores para ilustrar la desconfianza existente entre autoridades estadounidenses respecto a la capacidad de los sistemas institucionales mexicanos para procesar casos relacionados con presunta corrupción y vínculos con organizaciones criminales.
En las páginas finales, Steve Fisher y Kate Linthicum sostienen que la cancelación de visas se ha convertido en una herramienta de presión política y judicial utilizada por Washington. El reportaje señala que, de acuerdo con antecedentes citados por Reuters, al menos medio centenar de políticos y funcionarios mexicanos habrían sido afectados por medidas similares durante los últimos años.
El cierre de la publicación proyecta las implicaciones electorales de estas investigaciones. Con las elecciones intermedias de 2027 en el horizonte, el trabajo periodístico de LA Times plantea que cualquier señalamiento adicional contra gobernadores o aspirantes de Morena podría alterar el mapa político nacional y obligar al partido gobernante a revisar sus procesos internos de selección de candidatos.
La última respuesta pública recogida por Steve Fisher y Kate Linthicum proviene de la propia presidenta mexicana, quien defendió la soberanía nacional frente a las presiones externas y lanzó un mensaje que resume la posición de su gobierno frente a las investigaciones estadounidenses: “Los asuntos de México pertenecen a los mexicanos”.