El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, anunció un conjunto de medidas que modifican de manera estructural dos servicios que históricamente generaron inconformidad social: el arrastre y depósito vehicular, y los procedimientos relacionados con la entrega de cuerpos. Las disposiciones, afirmó, buscan eliminar discrecionalidad, cerrar espacios a prácticas indebidas y establecer controles verificables mediante lineamientos técnicos, supervisión institucional y herramientas digitales.
En el caso del arrastre y resguardo vehicular, la Fiscalía emitió reglas obligatorias que regulan el traslado, depósito y custodia de unidades aseguradas. El esquema incluye tarifas autorizadas y tabuladas, un proceso de convocatoria pública para empresas prestadoras del servicio y mecanismos permanentes de supervisión. El objetivo es reducir cobros desproporcionados y garantizar condiciones equitativas para la ciudadanía. Paralelamente, se habilitó una plataforma digital que permite trazabilidad completa, registro fotográfico, control de ingresos y egresos en depósitos y cadena de custodia electrónica, con el fin de fortalecer la certeza jurídica y la transparencia operativa.
En materia de servicios funerarios, la Fiscalía estableció lineamientos que prohíben cualquier condicionamiento o recomendación por parte de servidores públicos en la contratación de funerarias. Se reafirmó que la entrega de cuerpos es un trámite gratuito y que las familias tienen derecho a elegir libremente el servicio de su preferencia. Torres Piña señaló que el eje de estas decisiones es colocar al centro a las víctimas y evitar abusos económicos en momentos de alta vulnerabilidad.
En el ámbito tecnológico, el director general de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística, Jorge Luis Gallardo Jacobo, informó sobre el avance de la plataforma Accesius, que sustituye al sistema anterior y permite el registro electrónico de carpetas de investigación con huella digital de cada movimiento procesal. Desde su implementación se han registrado cerca de 25 mil denuncias, de las cuales aproximadamente 30 por ciento fueron presentadas en línea. El sistema concentra información en una base integrada, opera bajo estándares de gobernanza y protección de datos e incorpora mecanismos de alertamiento y seguimiento interno.
En materia preventiva, la titular de la Policía Cibernética, Patricia Cecilia Navarrete Soriano, reportó que desde noviembre de 2025 se han realizado 27 foros “Desconek-tate y Reconek-tate”, con un alcance de 29 mil 805 jóvenes, madres, padres y personal educativo. Un diagnóstico aplicado al 10 por ciento de los asistentes identificó 7 mil 757 adolescentes con conductas de riesgo, 367 familias con funcionalidad alterada y 230 en condición de disfunción, con un 41.4 por ciento de riesgo crítico en municipios prioritarios. La estrategia contempla reducir en 30 por ciento el bullying y ciberbullying, incrementar en 40 por ciento la convivencia familiar y mejorar en 15 por ciento el rendimiento académico mediante intervenciones multidisciplinarias.
Torres Piña concluyó que la transformación institucional en curso busca modernizar procesos, fortalecer la rendición de cuentas y humanizar la procuración de justicia, con la intención de consolidar una Fiscalía más transparente, más moderna y más cercana a la ciudadanía.