La Fiscalía General del Estado de Michoacán anunció la puesta en marcha de un esquema regulatorio para el servicio de arrastre y depósito vehicular, luego de documentarse cobros que alcanzaban entre 50 mil y 100 mil pesos, e incluso montos superiores. La nueva disposición establece tarifas promedio que oscilarán entre 5 mil y 10 mil pesos, con parámetros definidos según el tipo de servicio y el kilometraje recorrido.
El fiscal general, Carlos Torres Piña, señaló que la medida representa un punto de inflexión institucional al normar por primera vez este servicio dentro de la dependencia. Explicó que la ausencia de reglas claras había permitido prácticas que impactaban directamente en el patrimonio de las familias, al grado de que numerosos propietarios optaban por abandonar sus vehículos ante la imposibilidad de cubrir los costos.
Torres Piña subrayó que el nuevo tabulador busca evitar situaciones en las que el cobro supera el valor de la unidad, lo que consideró incompatible con un servicio vinculado a la procuración de justicia. Detalló que el rango promedio de cobro se fijará entre 5 mil y 10 mil pesos, salvo casos en los que la distancia o características específicas del servicio justifiquen un ajuste.
La Fiscalía informó que en los próximos días se emitirán convocatorias públicas para que empresas interesadas participen bajo lineamientos definidos, con el objetivo de garantizar un servicio regulado y transparente. El proceso incluirá criterios de operación, supervisión y cumplimiento para evitar prácticas discrecionales.
Con esta acción, la institución avanza en la regulación de servicios considerados sensibles y establece un nuevo estándar orientado a la protección del patrimonio de la población michoacana, al tiempo que fortalece mecanismos internos de control y transparencia.