La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGE) ha sido reconocida a nivel nacional tras recibir la acreditación del Sistema Nacional de Competencias del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), lo que le otorga la facultad de capacitar, evaluar y certificar al personal de fiscalías en todo el país.
Este distintivo convierte a la FGE en punta de lanza en el desarrollo de estándares de competencia en el sector justicia, posicionándola como un modelo a seguir por otras entidades que buscan profesionalizar sus procesos operativos y administrativos.
El fiscal general del estado, Manuel Alonso García, destacó que este logro es resultado del compromiso institucional en la nueva etapa que vive la dependencia.
“Este reconocimiento refleja el esfuerzo colectivo por ofrecer un servicio de justicia de calidad, basado en la profesionalización. Avanzamos firmes en nuestro objetivo de convertirnos en la mejor Fiscalía del país”, afirmó.
La certificación permitirá a la institución diseñar y aplicar procesos de formación que aseguren que los servidores públicos cumplan con los perfiles de competencia requeridos para desempeñar sus funciones de manera eficiente, ética y profesional.
La relevancia de este avance quedó de manifiesto con la visita de funcionarios de CONOCER a la Fiscalía, entre ellos la directora general Guillermina Alvarado, con quienes se fortalecieron vínculos para impulsar la implementación de estándares en todo el país.
Gracias a esta acreditación, la FGE podrá participar activamente en programas de formación y certificación a nivel nacional, elevando la calidad de sus servicios y promoviendo una cultura de mejora continua en el sistema de procuración de justicia.
Además, la institución ya trabaja en un plan de acción para extender los procesos de capacitación y certificación a distintas áreas y perfiles profesionales dentro y fuera de Aguascalientes.
Según autoridades estatales, esta acreditación no solo fortalece a la institución, sino que también beneficia directamente a la ciudadanía al garantizar servicios judiciales más profesionales, ágiles y confiables, mejorando la atención a víctimas y aumentando la confianza en las instituciones.