El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, afirmó que la institución actuó desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la desaparición de Víctor Manuel, Anayeli y su hija menor. Durante su intervención, señaló que la Fiscalía “actuó conforme a los protocolos legales establecidos con debida diligencia y, sobre todo, manteniendo comunicación directa y permanente con sus familiares quienes acudieron a esta institución a denunciar estos hechos”.
Torres Piña subrayó que “en ningún momento ha habido omisión ni retraso en las actuaciones ministeriales”, y explicó que desde el inicio se activaron los mecanismos de búsqueda e investigación previstos en la ley, priorizando la atención a las víctimas indirectas y el desarrollo técnico de las indagatorias. Añadió que el caso generó un impacto significativo dentro de la institución, al tratarse de una familia conocida por su labor como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. “Se trata de una familia ampliamente conocida y reconocida por sus labores como intérpretes de lengua de señas mexicana y por su compromiso con las personas con discapacidad, lo que refuerza nuestra obligación de esclarecer plenamente los hechos y garantizar la justicia”, expresó.
El fiscal explicó que, en apego al debido proceso, se determinó realizar pruebas de ADN para la identificación plena de los cuerpos localizados. “Se determinó realizar las pruebas de ADN con el objetivo de brindar certeza plena a los familiares en el proceso de identificación de los cuerpos, garantizando un reconocimiento con sustento científico, técnico y jurídico”, indicó.
Cronología de los hechos y primeras actuaciones
Torres Piña detalló que el evento se dio a conocer el 17 de enero, cuando fueron localizados tres cuerpos sin vida en la comunidad de Ucareo, en Zinapécuaro. Ese mismo día, a las 00:35 horas, familiares de las víctimas acudieron a presentar la denuncia por desaparición. Sobre este punto, explicó que los familiares insistieron en no autorizar la difusión de las cédulas de búsqueda, decisión que la Fiscalía respetó. “Insistieron mucho en la no autorización de la difusión de las células de búsqueda, de la cual nosotros somos muy respetuosos”, afirmó.
Durante la tarde del 17 de enero, personal de la institución realizó inspecciones en el domicilio de la familia. En el lugar se localizaron diversos indicios. “Se localizaron y recolectaron diversos indicios de posibles agresiones en el mismo domicilio de esta familia, con residuos hemáticos, algunas piezas quebradas y un poco de desorden en las habitaciones”, explicó.
El 18 de enero, mediante revisión y análisis de información, se establecieron varias líneas de investigación que permitieron obtener datos relacionados con los probables responsables. Posteriormente, el 23 de enero, la Fiscalía acudió a establecimientos donde se dio seguimiento a la salida de los vehículos involucrados. “Se le dio seguimiento de la salida de los vehículos tanto del que llega a su domicilio como del propio vehículo personal de la familia, que sale ese mismo día 15 de enero de la ciudad de Morelia rumbo a la Ciudad de México”, señaló.
Detención del principal señalado y móvil preliminar
El fiscal informó que el 24 de enero se logró la autorización y ejecución de una orden de aprehensión contra Alfredo N., de 47 años de edad, detenido en el estado de Morelos con apoyo de autoridades federales y estatales. Sobre el detenido, Torres Piña indicó que es primo hermano de una de las víctimas y que, de acuerdo con las primeras entrevistas, el móvil podría estar relacionado con un conflicto económico. “Dentro de las indagaciones y las primeras entrevistas que se ha hecho sobre este personaje, pues todo indica que es un tema de recurso de préstamos entre familiares”, señaló.
Añadió que el detenido dejó múltiples indicios que permitieron su ubicación. “La verdad es que este personaje dejó rastro y huella por todos lados, por eso el seguimiento y la veracidad de su detención”, afirmó. También informó que existen otros probables involucrados y que continúan las labores para su localización. “Estamos trabajando arduamente para dar con el paradero de los otros involucrados”, dijo.
Líneas de investigación y reserva de información
El fiscal reiteró que, con base en los actos de investigación realizados hasta el momento, no se advierte que el multihomicidio esté vinculado con delincuencia organizada ni con la actividad profesional de las víctimas. “No se advierte que este multihomicidio esté vinculado con delincuencia organizada ni con la actividad profesional de las víctimas como intérpretes o defensoras de derechos humanos”, afirmó.
Respecto a la audiencia del detenido, explicó que éste solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia se realizará el 30 de enero. Señaló que, por respeto al debido proceso, no se divulgarán detalles que puedan afectar la investigación. “Hemos sido muy cuidadosos de no compartir o informar aspectos que puedan dañar la propia investigación”, indicó.
Acompañamiento a las familias
Torres Piña informó que la Fiscalía mantiene comunicación con las familias de las víctimas y que se ha brindado acompañamiento durante el proceso. “Hemos estado acompañando todo el proceso a las familias, hay una comunicación con las familias de Víctor y de Anayeli”, señaló. Añadió que, aunque no han solicitado medidas de protección, la institución está en disposición de otorgarlas si así lo requieren.