América Latina y el Caribe produce alimentos para el mercado mundial, pero cerca de 70% de quienes los generan enfrenta obstáculos para acceder al financiamiento formal, una brecha que limita las inversiones productivas y aumenta la exposición de los territorios rurales a los efectos del cambio climático.
Ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) impulsa una agenda regional para movilizar recursos hacia los sistemas agroalimentarios y pasar de esquemas de crédito aislados a inversiones articuladas con las necesidades de cada territorio.
Durante el encuentro realizado el 18 y 19 de agosto en Santiago de Chile, unos 70 representantes de gobiernos, bancos de desarrollo, instituciones financieras, organismos internacionales, empresas y organizaciones de agricultura familiar analizaron mecanismos para ampliar el financiamiento destinado al campo.
El desafío se presenta en una región que mantiene un papel relevante en la producción mundial de alimentos, pero donde 32 millones de personas padecen hambre y una parte importante de los productores no logra acceder al sistema financiero formal. A esto se suma la exposición de la actividad agrícola a riesgos climáticos.
“América Latina y el Caribe es una potencia agroalimentaria mundial”, afirmó Rene Orellana Halkyer, subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, quien señaló que los recursos disponibles son insuficientes y permanecen fragmentados frente a las necesidades y oportunidades de la región.
“Tenemos una oportunidad y una responsabilidad compartida: convertir el potencial agroalimentario de la región en inversiones concretas”, sostuvo el funcionario, al plantear que esos recursos deben contribuir a la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y el desarrollo rural.
Del crédito aislado a la inversión territorial
Uno de los principales planteamientos del encuentro fue que ampliar el acceso al crédito no basta para transformar los sistemas agroalimentarios.
La propuesta consiste en sustituir la lógica de proyectos individuales por carteras territoriales de inversión que vinculen la producción agrícola con cadenas de valor, infraestructura, conectividad, servicios técnicos y mercados.
También se planteó diseñar instrumentos financieros de acuerdo con las características y los riesgos de cada territorio, en lugar de aplicar soluciones uniformes.
“Las soluciones financieras a nuestro entender deben tener distintas escalas productivas, las particulares características de los territorios y las condiciones especiales que día a día enfrentan los agricultores”, afirmó el ministro de Agricultura de Chile, Jaime Campos Quiroga, durante el cierre del encuentro.
La agenda contempla además fortalecer las capacidades de las comunidades rurales mediante educación financiera, asistencia técnica, gestión empresarial y asociatividad, así como ampliar la coordinación entre gobiernos, bancos de desarrollo, cooperativas, empresas, inversionistas, universidades, organismos de cooperación y organizaciones locales.
Los pequeños y medianos agricultores familiares ocupan un lugar central en el planteamiento. La propuesta busca combinar financiamiento con asistencia técnica, información, gestión de riesgos y acceso a mercados, de manera que estas necesidades sean atendidas de forma articulada.
El cambio climático entra en las decisiones financieras
La agenda también coloca la acción climática dentro de las decisiones de inversión. La intención es convertir los compromisos ambientales en proyectos capaces de atraer recursos para prácticas productivas sostenibles, restauración de ecosistemas, infraestructura resiliente, manejo del agua y seguros agropecuarios.
La FAO busca funcionar como vínculo entre las necesidades de los territorios y los recursos financieros, el conocimiento y la innovación disponibles.
De acuerdo con Orellana Halkyer, la organización gestiona actualmente más de mil millones de dólares mediante más de 400 proyectos en 32 países de América Latina y el Caribe.
La FAO sostiene que esa presencia territorial puede facilitar la conexión entre políticas públicas, capacidades técnicas, bancos, inversionistas y otros socios para convertir oportunidades productivas en proyectos con viabilidad financiera.
En el encuentro participaron instituciones financieras públicas y privadas, bancos regionales de desarrollo, organismos internacionales y mecanismos de integración, además de autoridades de distintos países y organizaciones vinculadas con la agricultura familiar.
El objetivo de largo plazo es establecer ecosistemas financieros territoriales que acompañen las necesidades de productores, cooperativas, organizaciones y empresas agroalimentarias y permitan movilizar inversiones vinculadas con productividad, inclusión, resiliencia climática y desarrollo rural.
El reto planteado por la FAO es que el peso de América Latina y el Caribe en la producción mundial de alimentos también se traduzca en una mayor canalización de recursos hacia quienes producen esos alimentos y hacia los territorios donde se concentra una parte de la seguridad alimentaria regional.