La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizada por el periodista Eduardo Buendía, documenta que la red utilizada por Morena para dispersar cientos de miles de pagos bajo el concepto de “apoyos sociales” no se limitó a la dirigencia de Mario Delgado: el esquema volvió a ser contratado durante la gestión de Luisa María Alcalde, cuando Andy López Beltrán ocupaba la Secretaría de Organización del partido.
Financiera para el Bienestar (Finabien) entregó a MCCI copia de los contratos que acreditan la relación con Morena. El partido, en cambio, no proporcionó los convenios y remitió a una ruta de consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia en la que los documentos no aparecen.
La información confirma que Morena recurrió a Finabien para la prestación de un servicio asociado al “giro telegráfico a grandes usuarios para el pago de ‘apoyos económicos’”. Uno de los contratos fue firmado en junio de 2022, durante la dirigencia de Mario Delgado, y otro en abril de 2025, cuando Luisa María Alcalde encabezaba el Comité Ejecutivo Nacional.
El hallazgo adquiere relevancia porque una auditoría interna del Órgano Interno de Control de Finabien, revelada previamente por MCCI, identificó hasta 252 mil 901 pagos etiquetados como “apoyos sociales”. La revisión señaló que el servicio permanecía activo al menos hasta el 28 de junio de 2024, por lo que la dispersión de recursos continuó durante el proceso electoral federal de ese año.
Pero el punto central de la auditoría no fue únicamente la cantidad de operaciones. Los auditores señalaron que para la contratación “no se identificó ninguna acción o protocolo” relacionado con las disposiciones para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como con las obligaciones vinculadas con el sistema financiero.
En términos prácticos, la auditoría dejó asentada la ausencia de mecanismos para determinar el origen y destino de los recursos que Morena entregó a Finabien para su dispersión.
Dos contratos, dos dirigencias
El primer convenio fue suscrito el 1 de junio de 2022 y quedó registrado con el número DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022. Por Morena firmó Francisco Javier Cabiedes Uranga, entonces representante legal y delegado en funciones de la Secretaría de Finanzas del CEN.
Cabiedes Uranga había ejercido como representante legal de Morena durante la dirigencia de Mario Delgado y posteriormente se incorporó al gobierno federal. En noviembre de 2024 fue designado director general del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, cargo que mantiene.
El segundo contrato fue firmado el 21 de abril de 2025, cuando Luisa María Alcalde estaba al frente de Morena. Los documentos llevan las firmas de Luis Portillo Bencomo y Alfredo Nader Mena, entonces apoderados legales del partido.
Ambos funcionarios habían trabajado con Alcalde durante sus etapas como secretaria del Trabajo y Previsión Social y secretaria de Gobernación. Posteriormente pasaron por posiciones dentro de Morena y continuaron sus carreras en dependencias federales.
El contrato de 2025 confirma así que el mecanismo de dispersión mediante Finabien no terminó con la salida de Mario Delgado de la dirigencia nacional.
El monto sigue sin conocerse
Aunque la auditoría interna de Finabien identificó hasta 252 mil 901 pagos, los contratos entregados a MCCI no especifican el número de operaciones ni el monto total de los recursos dispersados.
Por ello, la cantidad exacta de dinero transferida por Morena a través de este mecanismo continúa sin determinarse.
La investigación de MCCI había señalado que especialistas consultados sobre la auditoría calcularon que el monto podría superar los 600 millones de pesos. Esa cifra, sin embargo, no está establecida en los contratos ahora obtenidos por la organización.
Los convenios únicamente establecen las condiciones para la prestación del servicio, las comisiones aplicables, la cuenta en la que Morena debía depositar los recursos y los datos que debían integrar cada giro u orden de pago.
La propia documentación, por tanto, permite confirmar la existencia del mecanismo, pero no determinar cuánto dinero fue efectivamente distribuido.
Una omisión que puso el foco en el lavado de dinero
El hallazgo de MCCI también abrió una discusión sobre el cumplimiento de las obligaciones antilavado.
El punto 4 de la auditoría interna de Finabien señala que no se identificaron acciones o protocolos para atender las disposiciones relacionadas con la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El tema fue retomado el 24 de junio por el periodista Francisco Garfias en su columna “Arsenal”, publicada en Excélsior. De acuerdo con los especialistas que consultó, la principal preocupación no era únicamente si los recursos habían sido utilizados con fines electorales, sino que no existiera claridad sobre su procedencia y dispersión.
Garfias resumió la valoración de esos expertos con una frase que colocó el problema en el centro de la discusión: “Es lavado de dinero”.
Esa expresión corresponde a la valoración de especialistas citados por el columnista y no a una conclusión judicial sobre las operaciones de Morena. La auditoría, por su parte, documentó la falta de protocolos para prevenir e identificar operaciones de esa naturaleza.
Morena no entrega los contratos
La respuesta de Finabien contrasta con la actuación de Morena frente a la solicitud de información presentada por MCCI.
Mientras la institución financiera proporcionó copia de los dos contratos, Morena no entregó los documentos. El partido indicó al solicitante una serie de pasos para localizarlos en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La investigación periodística de Eduardo Buendía, publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, verificó que al seguir esa ruta los convenios no se encuentran disponibles.
El contraste deja dos hechos documentados: Finabien reconoce y entrega los contratos que acreditan la prestación del servicio a Morena, mientras el partido político, sujeto a obligaciones de transparencia por los recursos públicos que recibe, no proporciona directamente los convenios y remite a un sitio donde no aparecen.
La investigación de MCCI establece así que la red de pagos operó durante al menos dos dirigencias nacionales de Morena y que la contratación con Finabien se mantuvo como mecanismo para dispersar recursos bajo la denominación de “apoyos sociales”.
El número de operaciones identificado por la auditoría asciende a 252 mil 901, pero el monto total continúa sin esclarecerse. También permanece como asunto pendiente determinar el origen y destino de los recursos y las razones por las que, de acuerdo con la auditoría interna, no se establecieron los protocolos correspondientes para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La documentación obtenida por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el trabajo periodístico de Eduardo Buendía, aporta ahora los contratos que Morena no entregó y confirma que el mecanismo no fue exclusivo de la dirigencia de Mario Delgado: también fue utilizado durante la gestión de Luisa María Alcalde.