Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional una auditoría practicada al municipio de Acapulco sobre recursos destinados a la reconstrucción tras el paso del huracán Otis ha abierto un debate sobre el alcance de las facultades de fiscalización en México. La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), elaborada por Ignacio Labra Delgadillo, advierte que la decisión judicial podría sentar un precedente que modifica el esquema de coordinación entre las autoridades encargadas de vigilar el ejercicio del gasto público.
El análisis sostiene que la resolución no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una línea jurisprudencial construida por la Suprema Corte en controversias constitucionales promovidas por municipios que cuestionaron auditorías estatales practicadas sobre recursos de origen federal. La sentencia relacionada con Acapulco invalidó la revisión practicada a 898 millones 633 mil 453 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal destinados a la reconstrucción del puerto guerrerense.
De acuerdo con la investigación de MCCI, uno de los aspectos centrales del debate jurídico radica en que la resolución equipara la facultad «directa» de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación con una competencia «exclusiva», interpretación que, señala Ignacio Labra Delgadillo, no se desprende del texto constitucional citado en la sentencia. El autor sostiene que la Corte asumió como un hecho consumado la exclusividad de dicha facultad sin desarrollar la argumentación necesaria para justificar esa conclusión.
La investigación periodística plantea además una contradicción con el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual establece la obligación de las entidades fiscalizadoras locales de informar a la Auditoría Superior de la Federación cuando detecten desvíos en la aplicación de recursos federales. Según el análisis, cumplir con dicha obligación implica necesariamente realizar actos previos de revisión y fiscalización, por lo que impedirlos vaciaría de contenido práctico la disposición legal vigente.
Ignacio Labra Delgadillo sostiene que la discusión no se limita a una disputa de competencias administrativas. El trabajo publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad advierte que convertir la rectoría de la Auditoría Superior de la Federación en una facultad exclusiva podría reducir el alcance del Sistema Nacional de Fiscalización, particularmente en municipios cuya principal fuente de financiamiento son las aportaciones federales.
Uno de los elementos más relevantes de la investigación corresponde al análisis técnico del Programa de Inversión Anual en Obras y Acciones 2023 del municipio de Acapulco. El estudio identificó que, de 511 proyectos revisados, 508 fueron ejecutados mediante adjudicación directa, mientras que sólo dos se realizaron por licitación pública. Asimismo, el 65.2 por ciento de los presupuestos concluyen en cifras cerradas sin centavos y casi la mitad corresponde a múltiplos exactos de 100 mil pesos.
La investigación precisa que estos datos no constituyen por sí mismos prueba de irregularidades, pero sí representan indicadores objetivos de riesgo que justificaban una revisión técnica más profunda. Entre los hallazgos destaca que 95 obras fueron presupuestadas exactamente en un millón de pesos, mientras que otras se concentran en montos igualmente redondos, como un millón 200 mil pesos, un millón 500 mil pesos y dos millones de pesos.
El trabajo periodístico publicado por MCCI también señala que el municipio no entregó la documentación técnica requerida para estimar los montos de las obras observadas, situación que impidió determinar si existía sustento técnico suficiente para la integración de los presupuestos, debido a que la auditoría fue invalidada por cuestiones de competencia constitucional antes de concluir el proceso de revisión.
Finalmente, la investigación documenta que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero acreditó la existencia de un convenio de colaboración celebrado con la Auditoría Superior de la Federación en abril de 2024 para la fiscalización de la Cuenta Pública 2023. No obstante, la resolución de la Suprema Corte mantuvo la invalidez de la auditoría, consolidando una interpretación constitucional que, según Ignacio Labra Delgadillo, transforma un mecanismo de coordinación institucional en una regla de exclusión.
La pregunta que plantea Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad al cierre de la investigación permanece abierta: si una interpretación constitucional limita la actuación coordinada de las autoridades fiscalizadoras e impide el esclarecimiento del destino de recursos públicos, corresponde determinar si ello fortalece el sistema nacional de rendición de cuentas o si comienza a modificar el modelo de fiscalización diseñado para garantizar que ningún peso del gasto público quede fuera del escrutinio institucional.
Puedo también elaborar una segunda versión con un enfoque más propio de la portada de Enlace Noticias 24, con un título más disruptivo y de mayor impacto periodístico, manteniendo la atribución íntegra a MCCI e Ignacio Labra Delgadillo.