En el marco de la 19ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), representantes de la sociedad civil, academia, abogacía y comunidad estudiantil participaron en un conversatorio titulado Reforma judicial: desde la mirada de la sociedad civil, la academia, la abogacía y la comunidad estudiantil. Durante el evento, se analizaron los retos que esta reforma plantea para las personas juzgadoras y el acceso a la justicia en México.
Críticas a la reforma judicial
Laurence Pantin, presidenta de la organización Juicio Justo, advirtió que la reforma judicial podría dificultar el acceso a la justicia para la ciudadanía. Pantin destacó tres preocupaciones principales:
- Menor eficiencia de los poderes judiciales, que podrían enfrentarse a retrasos por la curva de aprendizaje de nuevas personas juzgadoras.
- Restricciones en el acceso al amparo, limitando una herramienta clave para la protección de derechos.
- Independencia judicial en riesgo, con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y causales amplias para investigar a juzgadores.
Por su parte, José de Jesús Orozco Henríquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, calificó la reforma como una violación al derecho de los ciudadanos a contar con un tribunal competente, independiente e imparcial. Además, expresó su solidaridad con las personas juzgadoras cesadas de manera arbitraria, lo que, afirmó, debilita la independencia judicial institucional.
Perspectivas desde la academia y la abogacía
María Solange Estrada, estudiante de la Escuela Libre de Derecho, criticó el diseño de la reforma, argumentando que obliga a los jóvenes interesados en formar parte del Poder Judicial a convertirse en políticos y realizar campañas para ocupar cargos. Según Estrada, esto contrasta con el modelo previo, que permitía a los estudiantes integrarse gradualmente a través de prácticas, servicio social y puestos iniciales en los tribunales.
Nuhad Ponce Kuri, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), señaló que la reforma debió priorizar la justicia local, involucrando a procuradurías, cuerpos policíacos y aumentando la capacitación del personal.
Un cambio controversial
La reforma judicial ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones para la independencia judicial, la imparcialidad de los tribunales y el acceso a la justicia. Los participantes coincidieron en que, aunque el sistema judicial necesita cambios, estos deben garantizar la protección de los derechos fundamentales y evitar politización o retrocesos.
La 19ª Asamblea General Ordinaria de la AMIJ, realizada el pasado 29 de noviembre, se consolidó como un espacio crucial para reflexionar sobre el rumbo del sistema judicial en México y las repercusiones de las decisiones legislativas en curso.